WALDERBLOG - "El desvío de lo real"

lunes, julio 09, 2007

¿Fin de la pobreza o fin de las estadísticas?

El gobierno de Michelle Bachelet anunció con satisfacción hacia la segunda semana de junio que la pobreza se bate en retirada en Chile. Tras 17 años de administraciones de la Concertación de centro izquierda y de persistentes políticas sociales, dijo entonces la presidenta, Chile ha logrado reducir la pobreza, no a una mínima expresión, pero sí al menor nivel de la historia reciente. Bachelet recordó que al asumir el primer gobierno de la Concertación en 1990 hallaba un país con el 38 por ciento de su población bajo el índice de pobreza. La última medición realizada hacia finales del 2006 marcó apenas un 13,7 por ciento. En suma, durante los últimos 17 años el índice se ha reducido en un 44 por ciento.
Alegría por el éxito, para también ciertas manifestaciones de pesar. En cifras absolutas, existen hoy en Chile más de dos millones de personas calificadas como pobres, de las que unas 500 mil viven, o sobreviven, en la indigencia. Un sondeo que también ha marcado otras novedades: por primera vez en la historia, y tal como sucede en numerosos otros países, la pobreza urbana supera a la rural, por lo que la capital Santiago registra con no poca inquietud, por las disfunciones sociales asociadas, un índice de pobres del 14,4 por ciento, mayor a la media nacional. Pero pese a la inversión en las características del fenómeno, éste persiste con fuerza en la zona indígena mapuche, regiones con guarismos en torno al 20 por ciento. En el otro extremo, con los menores índices del país se hallan regiones alejadas del centro: la Duodécima, en plena Patagonia, con algo más que un seis por ciento, y la Segunda, en plena zona minera del desierto de Atacama, con un siete por ciento.
Las estadísticas oficiales de pobreza son la principal herramienta para la asignación de los subsidios a las familias de más escasos recursos, las que históricamente han sido medidas por un instrumento conocido como la ficha CAS, el que a partir del año pasado fue reemplazado por la Ficha de Protección Social. No se trata, sin embargo, de una mera alteración en la nominación, sino de la incorporación de nuevas y más reales variables en la medición de las carencias. Entre las principales modificaciones está la exclusión de la calidad de la vivienda y la posesión de bienes durables, como televisor, máquina lavadora o refrigerador, equipos que hoy, a diferencia de las décadas anteriores, son de más fácil acceso. La nueva ficha de medición de cierta manera se acercaría más a la realidad de la pobreza en una sociedad moderna y globalizada.
Marcel Claude, un economista independiente y agudo crítico a las políticas de gobierno, ha considerado un importante avance en la medición de la pobreza los cambios a la ficha CAS. “Es un paso adelante en el sentido de incorporar nuevos elementos teóricos y prácticos que permitan visualizar todas las dimensiones de la pobreza, especialmente en lo que se refiere a la vulnerabilidad. Se contemplan nuevos elementos para la medición, como la información referida a enfermedades crónicas e invalidantes, la pertenencia a pueblos originarios y también sobre la calidad de los empleos”, ha dicho.
La línea de la pobreza está también medida por un ingreso básico per cápita de poco más de 82 dólares mensuales en las zonas urbanas y de cerca de 58 para las zonas rurales. Quienes perciben ingresos menores a estos montos están bajo la línea de pobreza, y por tanto son sujetos aptos para acceder a los subsidios. Una línea que sin embargo merece más de una atenta observación.
Tras la solidez de estas estadísticas está el tan divulgado concepto del crecimiento con equidad bajo un modelo de mercado, el que apuntaría hacia su consolidación. Las políticas públicas orientadas a subsidiar a las familias de más escasos recursos habrían dado unos resultados que, a la vista de las estadísticas, parecen irrefutables. Pero es aquí el lugar de las dudas. No habría una relación entre las estadísticas y la observación directa, aquella que se hace, se vive y se padece cualquier día en una ciudad chilena. ¿En qué categoría cae quien emerge de la línea de la pobreza? ¿Cómo vive sin los subsidios quien ya no califica de pobre?

Los estudios del gobierno nos dicen que en Chile hay una menor proporción de pobres que en... ¡la Unión Europea! La media chilena, ha dicho el gobierno, es de 13,7 por ciento, en tanto el promedio europeo está en torno a un 15 por ciento. Resulta obvio estimar que las variables para establecer estos índices son diferentes, pero también resulta dable preguntarse si existen distintos tipos o categorías de pobres.

Europa considera como pobre a todo aquel que se sitúe económicamente por debajo del umbral del cincuenta por ciento de la Renta Media Disponible Neta (RDN) en el conjunto de un Estado miembro. En España, por ejemplo, esta situación afecta al 19 por ciento de los hogares, más de ocho millones de personas. En el 2005, España alcanzó una media de 1.060 euros por persona al mes en renta disponible neta. Sobre estos datos, un pobre en España es quien tiene ingresos inferiores al 50 por ciento de este promedio, unos 530 euros mensuales. Si consideramos que el salario mínimo en Chile se eleva a unos 190 euros, estamos entonces hablando en dos lenguas diferentes. Las estadísticas gubernamentales chilenas parecen aplicarse sobre otra realidad.

Pero hay otras medidas aún más confusas. En Chile el Producto Per Cápita (PPP) durante el 2006 alcanzó los 12.700 dólares anuales –o unos mil dólares mensuales- cifra que lo ubica dentro de los países de ingreso alto de la región, superado por Argentina, pero superior a Brasil. Si consideráramos la medición de la Unión Europea, un pobre en Chile sería alguien con un ingreso mensual menor a los 500 dólares (que es más o menos similar a las estadísticas españolas), sin embargo esta cifra no tiene ninguna relación con el umbral chileno de la pobreza, en 82 dólares. Habría otros factores que alteran el método del producto per cápita, el que está en el caso chileno especialmente distorsionado por la mala distribución del ingreso.

Así es como una de las variables que releva el Banco Mundial al tratar la pobreza es la condición de igualdad social y la distribución de los ingresos. Según el organismo, en América latina el diez por ciento más rico de la población de la región percibe el 48 por ciento de los ingresos totales, mientras que el diez por ciento más pobre sólo percibe 1,6. En los países industrializados, dice, en cambio, el diez por ciento superior recibe el 29,1 por ciento del ingreso, mientras que el diez por ciento inferior recibe 2,5. “Si América latina tuviera el nivel de desigualdad del mundo desarrollado, sus niveles de pobreza de ingreso estarían más cercanos al cinco por ciento que a la tasa real de 25 por ciento”, establece un reciente documento de esta institución.


Marcel Claude, al observar las estadísticas del gobierno de Chile, no oculta su estupor.
El sentido común, dice el economista, nos obliga a establecer un vínculo entre crecientes y gigantescas desigualdades y más graves condiciones de pobreza. “Por otra parte y desde el punto de vista teórico-económico, no es posible mejorar significativamente a unos pocos sin desmejorar a otros, más aún cuando los recursos no son ilimitados y cuando los países son pobres”, agrega.

Para Claude, la única manera de que crezca la desigualdad y se reduzca la pobreza, dice, es que el método “sea muy pero muy limitado y deje afuera de los pobres a quienes nadie podría calificar sino como pobres y mucho menos aún de ricos”. Esto es, que quienes tienen ingreso superior a los 82 dólares, quedan fuera de las estadísticas. Y nuevamente es posible plantear la pregunta. Quien gana 90 dólares mensuales ¿es pobre, no pobre o clase media?

Queda claro entonces cual es la política más eficaz para reducir la pobreza, dice Claude no sin ironía. “A mi juicio, es una de las más fáciles y menos costosas de todas las políticas públicas: contratar a un especialista en pobreza que sepa muy bien cómo justificar teóricamente una línea de pobreza tan ridículamente baja que no quede nadie abajo o el menor número posible”.

Lo cierto es que hay otras estadísticas menos benevolentes. Según el Servicio de Impuestos Internos, en el 2003 el 98 por ciento de los chilenos no superaba los 1.710 dólares mensuales como ingreso. Otro estudio, de la revista Capital, afirmaba que el 90 por ciento de los habitantes del Gran Santiago vive en hogares cuyo ingreso familiar es inferior a esos 1.770 dólares. Invirtiendo la relación, sólo el dos por ciento de la población tiene ingresos superiores a tal cifra.

Estos y los otros registros numerales, no parecen apuntar hacia un fin de la pobreza en Chile, sino hacia el fin de estos instrumentos de medición. Una herramienta que, infelizmente, más parece destinada a medirse a sí misma.