Postulación al Consejo de DD.HH. de la ONU: ¿La ética capta votos?
La justicia chilena, y por extensión sus diversas instituciones y el mismo gobierno, han generado un hito histórico al extraditar al ex presidente Alberto Fujimori al Perú por diversos delitos de lesa humanidad. Se trata, como se ha comentado ya profusamente, del primer caso de extradición de un presidente o ex jefe de Estado reclamado por la justicia del país en el que fueron cometidos los crímenes. Aun cuando la reciente historia registra los casos de extradición del serbio Slobodan Milosevic y del liberiano Charles Taylor, en ambos casos fueron juzgados por tribunales internacionales, pero no por los de sus respectivas naciones. Con el ex mandatario peruano, la justicia de Chile parece haber instalado un nuevo referente a nivel mundial: los crímenes contra la humanidad cometidos por los gobernantes pueden ser juzgados por los tribunales nacionales. Con el reciente fallo, se puede también inferir, costará más que los violadores a los derechos humanos hallen amparo en otras naciones. Está en marcha un proceso de internacionalización de la justicia y en él ha sentado un precedente, una nueva doctrina, un tribunal chileno.
El asunto, sin embargo, tiene especiales y complejas implicancias para los ciudadanos chilenos y para su más reciente historia. La extradición al Perú de Fujimori, aun cuando tenga aspectos disímiles, nos trae de inmediato a la memoria la petición de extradición de España a Gran Bretaña del entonces prófugo internacional Augusto Pinochet. Como muy bien recordamos, los gobiernos chilenos de la época –el saliente de Eduardo Frei y el entrante de Ricardo Lagos- hicieron abiertas y soterradas gestiones invocando a la soberanía nacional para impedir la extradición de Pinochet a España, las que final y sorprendentemente y ante la atónita mirada del mundo tuvieron éxito. Pinochet, acusado de millares de crímenes de lesa humanidad, regresó a Chile, porque los tribunales nacionales, se repitió hasta el hartazgo, garantizaban un justo proceso. Pinochet fue finalmente procesado, pero jamás fue condenado.
La celeridad en la resolución del caso Fujimori por el lado chileno contrasta con el enrevesado y prolongado proceso judidial que siguieron los múltiples delitos cometidos por Pinochet, sino con muchos de los que hoy esperan por sus respectivas sanciones. La tozuda tardanza, la indiferencia por parte del conjunto de las instituciones ha mantenido a la gran mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos sin sanciones tras 17 años de democracia. A diferencia de la oscuridad que ha caracterizado este doloroso trance nacional, la rapidez del proceso de extradición de Fujimori ha generado, junto con la obvia satisfacción de parte de los defensores de los derechos humanos, también estupor y sospecha. El oportunismo y la superficialidad que caracteriza a la clase política y a nuestros gobernantes se hace presente también en este momento a través del uso del fallo por parte del gobierno para postular a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. A las pocas horas de haber llegado Fujimori a Lima, el gobierno peruano confirmó el voto a Chile para el sillón de la ONU. ¿Simple coincidencia?
Hemos dicho que a la luz de este fallo aparece también la sombra y la oscuridad. Chile avanza con causas ajenas, pero detiene sus propios procesos. Aparentemente, a las instituciones chilenas les resulta hoy más cómodo fallar un proceso foráneo, que de cierta manera favorecerá, por lo menos en el corto plazo, las algo enturbiadas relaciones bilaterales con el Perú que impulsar los centenares de casos no resueltos de violaciones a los derechos humanos realizados durante la dictadura. Pero el asunto no se detiene aquí: la intervención que hizo el gobierno hace un par de semanas con el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos ha sido observada por las organizaciones de derechos humanos como un evidente retroceso hacia el esclarecimiento de la verdad. La aprobación por parte del ministro Secretario General de la Presidencia a un proyecto de ley espurio y sin sustancia, que elimina, entre otros aspectos, la facultad del Instituto para entablar demandas por violaciones a delitos de lesa humanidad, es sin duda un nuevo retroceso para la causa de los derechos humanos en Chile. Por tanto, el fallo de extradición más parece un evento muy llamativo que oculta estas y otras grandes falencias.
Por tanto, del mismo modo como ya lo han comunicado distintas organizaciones chilenas, no por un caso la institucionalidad y el gobierno chileno tienen las credenciales para ocupar un espacio en la ONU en la defensa de los derechos humanos. Es necesario comenzar por casa, es menester mostrar no simples discursos, sino acciones.
Chile no califica para ese sillón. No lo hace porque de partida no ha ratificado los tratados internacionales en la materia, no ha anulado el Decreto Ley de Amnistía y no ha aprobado la interpretación del Artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, que resuelve aplicación de prescripciones y amnistía. Todo ello sin considerar la represión a los jóvenes y el respeto a las libertades públicas, como el derecho a reunión y a la libre expresión. Chile mantiene una creciente política represiva –entre ellas la ley de responsabilidad penal juvenil- la que toma también cuerpo entre los oficiales de sus fuerzas armadas, formados aún bajo la doctrina de Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas. La historia parece no habernos enseñado lo suficiente.
El asunto, sin embargo, tiene especiales y complejas implicancias para los ciudadanos chilenos y para su más reciente historia. La extradición al Perú de Fujimori, aun cuando tenga aspectos disímiles, nos trae de inmediato a la memoria la petición de extradición de España a Gran Bretaña del entonces prófugo internacional Augusto Pinochet. Como muy bien recordamos, los gobiernos chilenos de la época –el saliente de Eduardo Frei y el entrante de Ricardo Lagos- hicieron abiertas y soterradas gestiones invocando a la soberanía nacional para impedir la extradición de Pinochet a España, las que final y sorprendentemente y ante la atónita mirada del mundo tuvieron éxito. Pinochet, acusado de millares de crímenes de lesa humanidad, regresó a Chile, porque los tribunales nacionales, se repitió hasta el hartazgo, garantizaban un justo proceso. Pinochet fue finalmente procesado, pero jamás fue condenado.
La celeridad en la resolución del caso Fujimori por el lado chileno contrasta con el enrevesado y prolongado proceso judidial que siguieron los múltiples delitos cometidos por Pinochet, sino con muchos de los que hoy esperan por sus respectivas sanciones. La tozuda tardanza, la indiferencia por parte del conjunto de las instituciones ha mantenido a la gran mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos sin sanciones tras 17 años de democracia. A diferencia de la oscuridad que ha caracterizado este doloroso trance nacional, la rapidez del proceso de extradición de Fujimori ha generado, junto con la obvia satisfacción de parte de los defensores de los derechos humanos, también estupor y sospecha. El oportunismo y la superficialidad que caracteriza a la clase política y a nuestros gobernantes se hace presente también en este momento a través del uso del fallo por parte del gobierno para postular a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. A las pocas horas de haber llegado Fujimori a Lima, el gobierno peruano confirmó el voto a Chile para el sillón de la ONU. ¿Simple coincidencia?
Hemos dicho que a la luz de este fallo aparece también la sombra y la oscuridad. Chile avanza con causas ajenas, pero detiene sus propios procesos. Aparentemente, a las instituciones chilenas les resulta hoy más cómodo fallar un proceso foráneo, que de cierta manera favorecerá, por lo menos en el corto plazo, las algo enturbiadas relaciones bilaterales con el Perú que impulsar los centenares de casos no resueltos de violaciones a los derechos humanos realizados durante la dictadura. Pero el asunto no se detiene aquí: la intervención que hizo el gobierno hace un par de semanas con el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos ha sido observada por las organizaciones de derechos humanos como un evidente retroceso hacia el esclarecimiento de la verdad. La aprobación por parte del ministro Secretario General de la Presidencia a un proyecto de ley espurio y sin sustancia, que elimina, entre otros aspectos, la facultad del Instituto para entablar demandas por violaciones a delitos de lesa humanidad, es sin duda un nuevo retroceso para la causa de los derechos humanos en Chile. Por tanto, el fallo de extradición más parece un evento muy llamativo que oculta estas y otras grandes falencias.
Por tanto, del mismo modo como ya lo han comunicado distintas organizaciones chilenas, no por un caso la institucionalidad y el gobierno chileno tienen las credenciales para ocupar un espacio en la ONU en la defensa de los derechos humanos. Es necesario comenzar por casa, es menester mostrar no simples discursos, sino acciones.
Chile no califica para ese sillón. No lo hace porque de partida no ha ratificado los tratados internacionales en la materia, no ha anulado el Decreto Ley de Amnistía y no ha aprobado la interpretación del Artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, que resuelve aplicación de prescripciones y amnistía. Todo ello sin considerar la represión a los jóvenes y el respeto a las libertades públicas, como el derecho a reunión y a la libre expresión. Chile mantiene una creciente política represiva –entre ellas la ley de responsabilidad penal juvenil- la que toma también cuerpo entre los oficiales de sus fuerzas armadas, formados aún bajo la doctrina de Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas. La historia parece no habernos enseñado lo suficiente.
posted by Paul Walder at
3:05 p. m.
