Medios y Mercado: En la agenda mundial de comercio
Partimos de la base de una constatación: existe una relación directa entre los medios de comunicación y las políticas de liberalización comercial. Los medios han sido incluidos en la agenda mundial de servicios, por lo que no resisten diferencias, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con otros servicios entregados al juego planetario del libre mercado. Los medios son comprendidos como un espacio de inversión desregulada más, tal como en la producción es la minería o la agroindustria, o en servicios el sector financiero, la publicidad, las telecomunicaciones, áreas del transporte o la salud. Los mismos criterios, que son exclusivamente comerciales, han puesto bajo las mismas consideraciones mercantiles a áreas tan disímiles como los seguros, la banca, la educación y la salud. Si hallamos a la salud como un espacio de mercado, no nos debe sorprender encontrar aquí a los medios de comunicación.
Bajo esta premisa, base del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS o GATS, en inglés) de la OMC, hallamos también la inspiración de la actual estructura de medios de comunicación en Chile, país que, bien sabemos, ha estado en la vanguardia en materias de apertura de mercados. Salvo contadas y bien precisas excepciones, las políticas económicas chilenas han puesto a su sector servicios bajo la agenda de la OMC, lo que ha significado la privatización de ellos, su desregulación y liberalización, y la no discriminación entre inversiones nacionales y extranjeras. Este criterio, en el área de los medios de comunicación, ha significado colocarlos como un espacio de negocios abierto a la inversión privada, sea chilena o internacional, y, como consecuencia, considerarlos como un negocio, como una entidad regida por las relaciones del mercado.
La apertura y liberalización unilateral del sector servicios chileno, que es un proceso iniciado hace un par de décadas, ha generado un fenómeno de concentración de la propiedad y de los mercados, el que, sin embargo, no es propio del mercado nacional. La tendencia a la creación de oligopolios, que podemos observar desde la banca, el comercio o las telecomunicaciones, se reproduce con bastante exactitud en los medios en general, y con especial énfasis en la prensa escrita, sector en el que los dos grandes consorcios, si bien de capitales chilenos, concentran cerca de la totalidad de la circulación nacional.
Con este marco por delante, nada debe sorprendernos. El resto es otra constatación de la prioridad que se le entrega al mercado y al comercio sobre otras consideraciones, hoy bastante relegadas, como derechos ciudadanos. Lo que vemos en educación, en otros momentos derechos exigibles de los individuos y hoy reducidos a un nicho de mercado, sucede también en comunicaciones. Bajo la égida del mercado, de la entrega de todos estos servicios a la inversión y al comercio, no pueden haber -o si las hay son efímeras y acotadas a un criterio de Estado subsidiario- políticas públicas sólidas. Si no lo hay en educación, no nos extrañemos que no existan en comunicaciones.
La inclusión de la salud y la educación en la agenda de comercio es grave y tiene ya sus evidentes y perjudiciales efectos. Pero bastante menos se han detectado y estudiado los efectos que tienen unos medios de comunicación que operan exclusivamente bajo las relaciones y la lógica del mercado.
No puede descartarse la fuerte presencia, como productores de sentido, que tienen los medios en la sociedad. Una actividad, que bajo la actual estructura y objetivos, estará siempre regida por criterios comerciales. Un vínculo íntimo, a veces evidente, en otras circunstancias opacado, liga las comunicaciones con los otros ámbitos del comercio, lo que los convierte en actores interesados en promover esta relación entre las esferas políticas, económicas y sociales y resistirse, por cierto, ante los posibles cambios.
Bajo este modelo comunicacional, los medios se favorecen y se representan a sí mismos, representación que también transparenta a los intereses y poderes que los sustentan. Es éste hoy el Cuarto Poder: una espesa combinación mercantil de diferentes orígenes del capital y sus referentes políticos. Ante esta condición, que necesariamente acota las comunicaciones, que convierte a determinados grupos de presión en actores connotados, es difícil –y la experiencia así lo demuestra- que los medios sean un canal de expresión real de las diferentes corrientes de la sociedad civil. El pluralismo, la libertad de expresión es, en este modelo, imposible. Y en caso de parecerla, será parte del espectáculo mediático, el que es el gran bazar del rating, la publicidad y los consumidores.
Es éste el diagnóstico, el que aleja el actual modelo de comunicación de una comunicación real desde y hacia la sociedad civil. Las comunicaciones, podemos arriesgarnos a afirmar, no puede pasar hoy por estos conglomerados mediáticos. No lo hace, porque con la exclusión de los actores sociales se está vedando la libertad de expresión, el pluralismo y los procesos de participación ciudadana. Impide un verdadero ejercicio democrático.
Nuestra estructura de medios, tiene una doble falencia democrática. La primera, que es la mencionada, está dada por la mercantilización y concentración de los mensajes. La otra gran carencia democrática es que funcionan como amplificadores de nuestro statu-quo político-institucional, el que impide, como bien sabemos, la representación no sólo de las minorías, sino también de las mayorías. En este sentido, podemos decir que estos medios no sólo excluyen a muchos y expresan una sobrerepresentación de determinadas cúpulas de intereses, sino que también obstaculizan el cambio y la posibilidad de alcanzar mayores niveles de democracia y participación.
Quienes han detectado de forma lúcida el modus operandi de los medios chilenos han sido los estudiantes secundarios, que han logrado desenmascararlos. Los adolescentes, posiblemente grandes consumidores de televisión, han creado, tal vez por ello mismo, un espíritu crítico que les lleva a desconfiar de los medios. Ante esta sesgada condición, han elaborado estrategias para hacer fluir sus discursos más allá del criterio de mercado informativo. Una estrategia poderosa que hoy es imitada por otros gremios. Los jóvenes, que han intuido con bastante certeza las lógicas mercantiles, del espectáculo, del titular y el rating, han puesto en evidencia el riesgo que tiene para una organización social ser canalizada y mediatizada. En cierto modo, es posible observar aquí un intento de reinventar las comunicaciones.
Es por esto que al pensar las comunicaciones de la sociedad civil tendríamos que intentar excluir a los medios, por lo menos bajo su actual modelo. O tal vez al hablar de comunicaciones tendríamos que tender hacia otro tipo de ejercicio. Pero de una u otra manera, es una tarea que la ciudadanía organizada tendrá en algún momento que reflexionar y asumir.
El teórico canadiense en Comunicaciones Marc Raboy ha planteado una regulación mundial de las comunicaciones, propuesta que tiene varias y sólidas argumentaciones. De partida, es establecer una oposición a la agenda mundial de comercio y excluir a los medios de este programa de liberalización mundial. Al ser una herramienta de democratización de los pueblos, de participación social, los medios, más que un espacio de inversión y negocio, pertenecen a la esfera de los derechos básicos ciudadanos. Del mismo modo como existen movimientos mundiales que buscan sacar de la OMC a la salud, la educación y áreas de la cultura, los medios debieran también integrar estas demandas. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental.
Bajo esta premisa, base del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS o GATS, en inglés) de la OMC, hallamos también la inspiración de la actual estructura de medios de comunicación en Chile, país que, bien sabemos, ha estado en la vanguardia en materias de apertura de mercados. Salvo contadas y bien precisas excepciones, las políticas económicas chilenas han puesto a su sector servicios bajo la agenda de la OMC, lo que ha significado la privatización de ellos, su desregulación y liberalización, y la no discriminación entre inversiones nacionales y extranjeras. Este criterio, en el área de los medios de comunicación, ha significado colocarlos como un espacio de negocios abierto a la inversión privada, sea chilena o internacional, y, como consecuencia, considerarlos como un negocio, como una entidad regida por las relaciones del mercado.
La apertura y liberalización unilateral del sector servicios chileno, que es un proceso iniciado hace un par de décadas, ha generado un fenómeno de concentración de la propiedad y de los mercados, el que, sin embargo, no es propio del mercado nacional. La tendencia a la creación de oligopolios, que podemos observar desde la banca, el comercio o las telecomunicaciones, se reproduce con bastante exactitud en los medios en general, y con especial énfasis en la prensa escrita, sector en el que los dos grandes consorcios, si bien de capitales chilenos, concentran cerca de la totalidad de la circulación nacional.
Con este marco por delante, nada debe sorprendernos. El resto es otra constatación de la prioridad que se le entrega al mercado y al comercio sobre otras consideraciones, hoy bastante relegadas, como derechos ciudadanos. Lo que vemos en educación, en otros momentos derechos exigibles de los individuos y hoy reducidos a un nicho de mercado, sucede también en comunicaciones. Bajo la égida del mercado, de la entrega de todos estos servicios a la inversión y al comercio, no pueden haber -o si las hay son efímeras y acotadas a un criterio de Estado subsidiario- políticas públicas sólidas. Si no lo hay en educación, no nos extrañemos que no existan en comunicaciones.
La inclusión de la salud y la educación en la agenda de comercio es grave y tiene ya sus evidentes y perjudiciales efectos. Pero bastante menos se han detectado y estudiado los efectos que tienen unos medios de comunicación que operan exclusivamente bajo las relaciones y la lógica del mercado.
No puede descartarse la fuerte presencia, como productores de sentido, que tienen los medios en la sociedad. Una actividad, que bajo la actual estructura y objetivos, estará siempre regida por criterios comerciales. Un vínculo íntimo, a veces evidente, en otras circunstancias opacado, liga las comunicaciones con los otros ámbitos del comercio, lo que los convierte en actores interesados en promover esta relación entre las esferas políticas, económicas y sociales y resistirse, por cierto, ante los posibles cambios.
Bajo este modelo comunicacional, los medios se favorecen y se representan a sí mismos, representación que también transparenta a los intereses y poderes que los sustentan. Es éste hoy el Cuarto Poder: una espesa combinación mercantil de diferentes orígenes del capital y sus referentes políticos. Ante esta condición, que necesariamente acota las comunicaciones, que convierte a determinados grupos de presión en actores connotados, es difícil –y la experiencia así lo demuestra- que los medios sean un canal de expresión real de las diferentes corrientes de la sociedad civil. El pluralismo, la libertad de expresión es, en este modelo, imposible. Y en caso de parecerla, será parte del espectáculo mediático, el que es el gran bazar del rating, la publicidad y los consumidores.
Es éste el diagnóstico, el que aleja el actual modelo de comunicación de una comunicación real desde y hacia la sociedad civil. Las comunicaciones, podemos arriesgarnos a afirmar, no puede pasar hoy por estos conglomerados mediáticos. No lo hace, porque con la exclusión de los actores sociales se está vedando la libertad de expresión, el pluralismo y los procesos de participación ciudadana. Impide un verdadero ejercicio democrático.
Nuestra estructura de medios, tiene una doble falencia democrática. La primera, que es la mencionada, está dada por la mercantilización y concentración de los mensajes. La otra gran carencia democrática es que funcionan como amplificadores de nuestro statu-quo político-institucional, el que impide, como bien sabemos, la representación no sólo de las minorías, sino también de las mayorías. En este sentido, podemos decir que estos medios no sólo excluyen a muchos y expresan una sobrerepresentación de determinadas cúpulas de intereses, sino que también obstaculizan el cambio y la posibilidad de alcanzar mayores niveles de democracia y participación.
Quienes han detectado de forma lúcida el modus operandi de los medios chilenos han sido los estudiantes secundarios, que han logrado desenmascararlos. Los adolescentes, posiblemente grandes consumidores de televisión, han creado, tal vez por ello mismo, un espíritu crítico que les lleva a desconfiar de los medios. Ante esta sesgada condición, han elaborado estrategias para hacer fluir sus discursos más allá del criterio de mercado informativo. Una estrategia poderosa que hoy es imitada por otros gremios. Los jóvenes, que han intuido con bastante certeza las lógicas mercantiles, del espectáculo, del titular y el rating, han puesto en evidencia el riesgo que tiene para una organización social ser canalizada y mediatizada. En cierto modo, es posible observar aquí un intento de reinventar las comunicaciones.
Es por esto que al pensar las comunicaciones de la sociedad civil tendríamos que intentar excluir a los medios, por lo menos bajo su actual modelo. O tal vez al hablar de comunicaciones tendríamos que tender hacia otro tipo de ejercicio. Pero de una u otra manera, es una tarea que la ciudadanía organizada tendrá en algún momento que reflexionar y asumir.
El teórico canadiense en Comunicaciones Marc Raboy ha planteado una regulación mundial de las comunicaciones, propuesta que tiene varias y sólidas argumentaciones. De partida, es establecer una oposición a la agenda mundial de comercio y excluir a los medios de este programa de liberalización mundial. Al ser una herramienta de democratización de los pueblos, de participación social, los medios, más que un espacio de inversión y negocio, pertenecen a la esfera de los derechos básicos ciudadanos. Del mismo modo como existen movimientos mundiales que buscan sacar de la OMC a la salud, la educación y áreas de la cultura, los medios debieran también integrar estas demandas. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental.