El poder de la confusión y la omisión

Los medios escritos de información general, aquellos dos que concentran más del 90 por ciento de la circulación nacional, tienen el don de instalar, mover y silenciar la agenda informativa a su antojo. Elevados –porque casi no hay otros, precisamos- como la única prensa “seria”, que es prensa política, lo que emplazan en sus portadas será materia obligada para el resto de las publicaciones, desde los escasos otros diarios, la radio y hasta la televisión.
Todos, si no quieren pasar por distraídos, mal informados o hasta mal intencionados, tendrán que ponerse a la cola de los dos consorcios.
El griterío que oímos hace unas semanas por la caída del dólar fue un clásico ejemplo de cómo estos medios pueden lograr que incluso una materia económica sea tema de conversación hasta en las peluquerías. Se trataba de una campaña informativa levantada de forma simultánea por los dos grandes emporios de las noticias que fue replicada y aumentada por el resto de los medios. Como resultado, la caída del dólar, en pocos días, fue interpretada –y hubo más de un comentarista- como la antesala de una crisis, desbarranco o hasta recesión económica. Las autoridades, que se tiraron entre ellos no el fenómeno económico sino el producto mediático, finalmente salieron del paso con alguna medida que tranquilizara el ambiente. El poder de esta prensa, que deriva en parte de su solvencia económica y de la falta de contrapeso en el sistema informativo, ha quedado una vez más bien demostrado.
Decimos que los dos grandes diarios colocaron la información de forma simultánea. Pero no porque la economía estaba al borde del abismo, sino porque intereses bien acotados sentían amenazadas sus utilidades. Se trataba de una campaña bien articulada desde el poderoso sector exportador, la que estuvo reforzada por algún senador UDI y, por cierto, por los representantes de los grandes exportadores. Si el político atemorizó a la población con un inminente colapso económico, el dirigente fue aún más enfático y amenazó con despidos.
Bien sabemos que al hablar de exportaciones no podemos incluir aquí a la pequeña y mediana empresa. Sólo el gran capital, tanto local como transnacional, se beneficia del acceso a los mercados internacionales. El lobbying en sus diarios con la consiguiente campaña del terror económico es una estrategia ya bien conocida.
Instalar en la agenda una información como campaña bien elaborada es fácil, pero aún más sencillo es silenciar. Lo que circula en otros medios y molesta simplemente se omite. Y lo que no aparece en los dos grandes consorcios –desde La Nación, Diario Siete, las radios o medios digitales como El Clarín o el muy bien informado El Mostrador- no constituye noticia. La producción de información, en nuestro desequilibrado y distorsionado escenario, sólo adquiere presencia, realidad, si surge desde estas fuentes. Funciona del mismo modo que cualquier producto publicitado: sólo se conocen aquellos capaces de invertir grandes sumas en publicidad. El productor o comerciante sin acceso a estos recursos estará condenado a colocar sus mercancías, digamos, en el barrio.
Omitir, instalar, pero también enredar la agenda, que es una forma de confusión y una profunda distorsión, cuyos efectos, claro está, tienen un evidente objetivo. Como muestra, otro reciente caso: el lamentable y tal vez imperdonable error en los peritajes del Servicio Médico Legal con las víctimas enterradas en el Patio 29. Una tragedia que ambos consorcios no han dejado pasar. No, y lo sabemos muy bien, por su defensa de los Derechos Humanos, sino por la posibilidad de amplificar las supuestas responsabilidades del gobierno de Ricardo Lagos en el error. Una maniobra política que podría tener efectos en el corto, mediano pero sobre todo en el largo plazo.
Y en esta misma línea editorial podemos también recordar la anunciada alza a los peajes de las autopistas concesionadas en las horas punta. Lo que parecía un ejercicio periodístico de denuncia, de defensa a los intereses ciudadanos, no era otra cosa que una búsqueda de responsabilidades en los diseñadores del sistema de concesiones durante el gobierno pasado. Nuevamente, y seguramente lo veremos también en el futuro, los intereses, sean económicos o políticos, movilizan la información.
El embajador de Venezuela en Chile, Víctor Delgado, cuyo gobierno ha enfrentado y enfrenta abiertas campañas desestabilizadoras a través de los medios, ha logrado generar una aguda lucidez en la lectura de prensa. El pasado 11 de abril un editorial de El Mercurio, diario afiliado a la ideológica Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), culpó y relacionó más esbozadamente al gobierno de Hugo Chávez con el asesinato de tres hermanos en Caracas. Ante esta opinión, Delgado no tardó en redactar una carta, en la cual revela la intención de El Mercurio, por vincular la delincuencia urbana con el gobierno de Chávez. “La postura del editorial de El Mercurio de atribuir responsabilidad al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en los actos del hampa común resulta tan desproporcionada como achacar responsabilidad al gobierno chileno por hechos tan desgraciados como el asesinato y descuartizamiento del joven Hans Pozo y otros terribles crímenes de frecuente ocurrencia en Chile, en particular en el ámbito de la violencia intrafamiliar”. El Mercurio, en su estrategia de omisión y confusión, trasciende fronteras.
Más de un teórico ha puesto en duda las actuales democracias latinoamericanas, que están limitadas, entre otros y bien relevantes aspectos, por las limitaciones a la libertad de expresión. La concentración de los medios, así como de tantos otros mercados, pasa a ser la herramienta ideológica para acotar los discursos y cerrar la institucionalidad. Todo lo que queda fuera de esta valla es lo molesto, lo riesgoso para la institucionalidad y para el libre fluir de los intereses relacionados con aquellos medios. Se trata de una política mediática bien entrenada que consolida el statu quo y sanciona y excluye la diferencia.