Los envíos más o menos apresurados al Congreso de las reformas a la ley electoral y a la ley de Educación, proyectos que son resabios de la mala conciencia de la Concertación, podrían interpretarse como una recarga programática, aun cuando no faltan los indicios para comprenderlos como una nueva improvisación o una huída hacia delante. Ante las presiones callejeras, ante las proyecciones y vaticinios sociológicos que apuntan a un invierno caliente, ante la caída violenta en las encuestas, el giro gubernamental tiene más elementos para comprenderlo como una estrategia disuasoria que como puesta en escena del discurso ciudadano y de protección social.
¿Improvisación? Es posible. Con más certeza es el inicio de un curso errático y atropellado, que busca por sobre todas las cosas prevenir colapsos similares al Transantiago. Con el envío casi simultáneo de los dos proyectos de ley, los que por cierto han logrado alterar la agenda política y mediática y reducir –aunque también ha sido por saturación y resignación ciudadana- el ruido del Transantiago, el tablado político se ha reajustado. Pero no se trata de más levedad, ni menos de mayor comodidad. Con la incorporación de las dos reformas en la agenda política el gobierno de Michelle Bachelet corre el riesgo de sumar un nuevo lastre a su ya pesada carga. El fracaso de ambas iniciativas no le será fácil endosársela una vez más a la inflexible derecha y ultraderecha, que pese a una escandalizada reacción ante el proyecto educacional, ya ha preparado su propia estrategia.
Traspasar a la oposición de derecha los problemas propios es una vieja maniobra de los comunicadores, publicistas y estrategas políticos de la Concertación. Cuando no ha habido más salida, cuando las dificultades han provenido de fuentes más reales, en este caso las fuerzas sociales y la calle, la Concertación bien valida dejar un poco de lado las políticas de los consensos y los acuerdos. Y esta vez, desde un comienzo, parece haber dado resultado. A las horas de haber sido firmado el proyecto en La Moneda, la derecha y las fuerzas conservadoras reaccionaron sensiblemente irritadas. Para tales fines, basta haber dado un vistazo a El Mercurio, cuya portada del miércoles 11 de abril, diseñada cual panoplia, desplegaba a todas las fuerzas que darían la batalla. En tres grandes titulares, aparecían los “expertos”, “los economistas”, “las fuerzas morales” y otros grupos de interés –no podían faltar los partidos de oposición- todos ellos impugnando a coro el proyecto.
“CAMBIO A LAS REGLAS DEL JUEGO”
El Mercurio ha ordenado sus críticas a la reforma de la ley de Educación no sólo bajo una profunda y evidente mirada conservadora, que expresa la habitual ira de las elites ante una posible pérdida de aquellos privilegios que pretende naturales. Ha clamado al cielo por lo que es –y así lo ha dicho- “un cambio en las reglas del juego”, expresión que también significa más que una alteración de las tradiciones, una variación de las políticas en boga, de la racionalidad, diría, política y económica. Un cambio, en suma, al modelo económico neoliberal y a las posibilidades de hacer buenos negocios. El gobierno se ha salido de todo lo pactado; se ha apartado de su fe en el sector privado, un acto que para los consensos transicionales es una herejía mayor. El Mercurio, y los poderes que representa, ha acusado al gobierno de estatista, de “ideológico” y de prohibir la selección de alumnos, que en palabras de “expertos” de Libertad y Desarrollo como Cristián Larroulet, “se les está dando la espalda a los privados como motor de desarrollo”, o en afirmaciones de otra escandalizada “experta”, esta vez del Instituto Libertad, “en el Estado socialista hay un desprecio a la gestión privada, que ahora vemos en la educación, pero más adelante será en otra cosa".
Aun más lejos ha llegado otro investigador del Instituto Libertad y Desarrollo. El encargado del área social de esa casa, Rodrigo Castro, ha recordado que el proyecto es inconstitucional porque vulnera un aspecto básico de nuestra constitucional neoliberal: la libertad de comercio. Para Castro, la reforma afecta la libertad de elegir de los padres y desprecia las ganancias legítimas, lo que tendría, ha dicho, vicios de inconstitucionalidad. En fin, pese a toda la batería argumental en torno a la educación y a su calidad, lo que todos estos sectores ya no pueden esconder es su defensa de los negocios, estén éstos en la educación, en la salud, en las autopistas o en la banca. Es una cuestión de principios, de fe, y también del bolsillo, como apuntó con agudeza la ministra de Educación, Yasna Provoste, cuando relacionó todo el alboroto con algo tan prosaico como el “dolor del bolsillo” del sector privado. Si esta es la visión de los técnicos, en la derecha política han sacado discursos que hoy, por su anacronismo, lindan con la caricatura. El presidente de la Udi, Hernán Larraín, ha metido en un mismo paquete “estatista” e “ideológico” al Transantiago, a la reforma a la previsión privada y al proyecto educacional. “La presidenta no necesita caminar mucho para mostrar su código genético de izquierda dura”, dijo, en tanto que su socio en Renovación Nacional, el abogado Carlos Larraín, cree que “la presidenta está gobernando con el Libro Rojo de Mao Tse Tung”. De una u otra forma, estas declaraciones son un claro mensaje al gobierno: ¡La LOCE se mantiene intacta!
Estas y otras declaraciones sólo expresan el fuerte impacto que le ha causado al conservadurismo el proyecto de ley. Más aún, cuando han visto que la firma de la reforma a la LOCE la ha puesto Andrés Velasco –junto a la presidenta y la titular de Educación-, que es la figura más neoliberal del gabinete. Velasco, quien fuera el más poderoso de los ministros, ciertamente, en este periodo postransantiago, ha venido perdiendo su capacidad de influencia como representante del libre mercado.
El gobierno parece haber apuntado con bastante certeza al corazón de los acuerdos tácitos con el conservadurismo neoliberal. Ha puesto en duda su concepto básico, natural, “el motor de desarrollo”, como afirma Larroulet, que es el lucro. La reforma a la LOCE ha sido recibida como un alza desmedida de impuestos, como una fijación de precios, como una expropiación masiva de los medios privados de producción. Un anuncio que ha generado un rechazo abierto e instintivo desde todos los sectores conservadores. El gobierno ha logrado abrir un nuevo polo de atención, dar un giro e incorporar a nuevos actores a la discusión de la educación, pero no consigue que desaparezca como foco de conflictos.
Es muy posible que la reforma a la LOCE quede suspendida, porque partir de ahora toda la responsabilidad está entregada a los legisladores. Si en 17 años la derecha no ha aprobado prácticamente ningún proyecto que le resulte incómodo, ¿por qué habría de hacerlo ahora? Si el proyecto de reforma educacional fracasa en el Congreso, la responsabilidad tarde o temprano recaerá en el mismo gobierno. Un nuevo escándalo por corrupción, un nuevo conflicto al interior de la Concertación o del gobierno, bien amplificado por los medios conservadores, es, como lo ha sido durante los gobiernos de la Concertación, la mejor estrategia para desviar la atención.
El envío de estos dos proyectos nos remite a los últimos meses del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en pleno período de elecciones presidenciales. Hacia finales de 1999, y ante el inminente ballotage entre Joaquín Lavín y Ricardo Lagos, el gobierno de la Concertación envió un proyecto de ley de reforma laboral que fortalecía a las organizaciones de trabajadores. Fue un proyecto serio, que fue repelido por el empresariado, la derecha y los medios de comunicación afines con la misma seriedad. La oposición estaba entre dos aguas: su fidelidad con el empresariado y la posibilidad de llegar a La Moneda. Optó instintivamente por lo primero.
Lagos ganó las elecciones, pero no fue por votos de la derecha, los que se mantuvieron casi intactos, sino por los que recibió de Gladys Marín. Por tanto, la reacción y rechazo de la oposición al proyecto de reforma laboral tuvo un efecto inocuo en las elecciones. La estrategia empleada entonces, que será similar a la que levantará ahora, fue muy simple: crear una pequeña campaña del terror económico –el proyecto, decían, crearía un alto desempleo- y poner en la agenda o recuperar un caso de corrupción. El curso que siguió el proyecto de ley, tras las elecciones y ya con Lagos en La Moneda, casi ni vale recordarlo: fueron los mismos senadores de la Concertación, muchos de ellos íntimamente ligados con el empresariado, los que se encargaron de desarmar y desnaturalizar la iniciativa legal. El proyecto de ley de reforma educacional podría volver a reagrupar a las mismas fuerzas pro empresariales. Cuando se habla de lucro y otras relaciones pecuniarias, son éstos los intereses que inspiran y alinean a nuestras bancadas, algo que muy oportunamente ha recordado el presidente del Colegio de profesores, Jorge Pavez. “Pareciera que ese dolor de bolsillo no solamente alcanza a intereses comerciales que comprometen a la Alianza, sino que también a importantes personeros de la Concertación", como, decimos nosotros, Mariana Aylwin, democratacristiana ex ministra de Educación durante el gobierno de Eduardo Frei y actualmente sostenedora de tres colegios. Una condición que la ha llevado a sumar fuerzas –junto a otras figuras de su partido- al coro de protestas de la derecha y del sector privado.
UN GOLPE A LA CÁTEDRA
Más allá de los efectos sobre la imagen del devenir político que pueden tener los proyectos de ley, hay sin duda un aspecto de fondo, que es, precisamente, el que ha incomodado tanto a la derecha. Así como el caso que citamos a finales de 1999 fue un proyecto serio, con una propuesta más o menos profunda a la legislación laboral, el actual apunta también a desinstalar no sólo un modelo educacional diseñado por la dictadura, sino la expresión del modelo de mercado en la educación. Es éste aspecto y no otro el que ha atemorizado a la derecha y sus representados.
El fracaso del Transantiago, si lo entendemos como un trauma, habría puesto un techo a las políticas públicas entregadas casi exclusivamente a las fuerzas del mercado. Las causas del fallido plan están principalmente –claro que no son las únicas- en un diseño que se ha basado en el lucro. Un concepto de mercado que, pese a ser útil en otras áreas más segmentadas, como las autopistas urbanas concesionadas, no ha logrado extender sus beneficios a toda la ciudadanía. El sistema de mercado ha operado bien en aquellos sectores de la población con ingresos suficientes para demandar el servicio, pero no funciona en aquellos sin los recursos suficientes. Tal vez funcionaría con una tarifa más alta –y hay expertos que especulan en 800 pesos o más-, o con una inferior calidad, informalidad y efectos colaterales nocivos, como fueron las micros amarillas.
Los problemas de la educación apuntan hacia un mal similar. El lucro, el mercado, no siempre es beneficioso ni tan mágico como hemos escuchado desde hace más de veinte años. En la educación, lo mismo que con las micros amarillas y con el Transantiago, no se expresa aquella relación virtuosa que buscan los oficiantes del mercado. El lucro no lleva necesariamente a una mejor calidad, el lucro tiene una prioridad: asegurar la rentabilidad y satisfacer los intereses del inversionista.
Las micros amarillas, lo mismo que la privatización de la educación, son ambas pesadas herencias de la dictadura y de los más ortodoxos economistas de Chicago, que han buscado por todas las vías posibles la disminución del aparato del Estado. Un proceso que no sólo es un desinterés por los sectores más débiles de la sociedad, una repulsión ante cualquier idea redistributiva, sino que busca crear más espacios de negocios a los inversionistas privados. Lo que sucede con áreas tan diversas como la electricidad, el suministro de gas, el agua potable, la banca o las telecomunicaciones, también sucede en el transporte público, en la salud, en la educación e, incluso, en la vivienda social, financiada por la banca privada. Un repliegue cuyos costos son una creciente degradación de la calidad de vida y un progresivo malestar ciudadano, que hoy es evidente entre los más jóvenes.
Es posible interpretar la reforma a la ley de la educación con los mismos criterios que la realidad ha destapado al Transantiago: el sistema de transporte colectivo operado por el sector privado, que está basado en el lucro, ha podido mitigar sus perversos efectos sólo con el aporte del Estado. Sin los subsidios que Hacienda se ha visto obligada a canalizar, el caos urbano de Santiago estaría amplificado.
En educación los criterios y las acciones son similares. Como dijo con bastante claridad la Presidenta Bachelet, aquí "todos sabemos que algunos buscan más que nada un negocio, una buena alternativa para ganar plata. Y eso no es lo que el país necesita. Instalar un colegio es una iniciativa que requiere un compromiso con la educación". Por tanto, aclaró ante las virulentas críticas de la derecha, “el dinero que los colegios particulares subvencionados reciben, queremos que se use en mejorar la educación de los niños y niñas, porque es dinero de todos los chilenos. El que con su propio dinero quiera hacer un colegio con fines de lucro, está en su derecho, pero el dinero del Estado debe gastarse en una educación de calidad, en aquello que corresponda".
Pavez ha señalado que “no hay ninguna relación demostrable entre lucro y calidad de la educación. La reforma termina con esta anomalía que es hacer de la educación un negocio. Detrás de argumentos que supuestamente defienden la calidad de la educación, particularmente sobre el cambio que significa terminar con el lucro en el sistema educativo que se financia con dineros del Estado y administrado por privados, han surgido distintas voces que lo que hacen es sencillamente esconder sus verdaderos intereses".
Tal como se ha observado y señalado, el proyecto, asediado no sólo por el gran sector privado, la derecha, los sectores más conservadores y los intereses particulares, sino por una buena parte de los legisladores democracristianos, tiene pocas probabilidades de mantenerse en pie. Aun así, durante las primeras semanas de abril ha sucedido un hecho más o menos inédito para la reciente historia de la Concertación. Un proyecto de ley pone en tela de juicio la potestad del mercado en un área que está relacionada con los derechos mismos de las personas, lo que revela también un sensible giro en el concepto de políticas públicas. Al menos en la teoría, habría una pérdida de poder del concepto de mercado en la vida social, que está siendo reemplazado por el concepto de un Estado regulador y, como gusta decir a Bachelet, “protector”. Está el debate, está el giro en las políticas públicas, está la recuperación del rol de Estado. Lo que no está es la viabilidad de una real solución a los problemas demandados desde el año pasado por los estudiantes secundarios.
¿Ante quién protestarán ahora los defraudados pingüinos?
