El salario mínimo es la reproducción (y amplificación) de las desigualdades

El salario mínimo ha subido este año desde 135 mil pesos a 144 mil, que podría ser de 145 mil -¡qué diferencia!- si el crecimiento de la economía supera cierto rango. Un alza de un 6,6 por ciento, que un año atrás el gobierno había, a su vez, elevado en un 5,8 por ciento. El mayor aumento del 2007 no se debe a un cambio en la mano de Hacienda, ni por una alteración en el espíritu de la Concertación. Se trata de un simple cálculo que pone por delante ¡vaya novedad! la macroeconomía: en este caso ha sido una mayor proyección de crecimiento económico, que, en otras y más sentidas palabras, significa que el gobierno prevé que las empresas ganarán un poco más este año.

El léxico que surge de Hacienda y reproducen los medios califica como una negociación este reajuste, la que en teoría surge desde los gremios, pasa por Hacienda, supuestamente se discute, y refrenda, finalmente, en el Congreso. El trámite, sin embargo, es bastante más simple. Hay sin duda un ejercicio ritual que se realiza cada año, iniciada con una propuesta de los gremios recogida no sin indiferencia por Hacienda. Porque lo que sale del edificio de Teatinos es, en el fondo, la verdadera propuesta, que no considera en nada las demandas o sugerencias de los trabajadores. Lo que pasa al Congreso es un proyecto preaprobado, como aquellos créditos bancarios, que requieren finalmente de unas pocas horas para su sanción.

Este ejercicio, que se ha repetido cada año desde la década pasada, transparenta la triste realidad no sólo de los gremios, de los trabajadores, del mundo laboral chileno. Transparenta la brecha abismal entre los representantes de los ciudadanos, instalados y bien apernados desde hace más de una década en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la propia ciudadanía. Este inútil rito, que aún le llaman “negociación”, no alcanza a serlo, porque para cualquier negociación ha de haber al menos dos actores con poderes más o menos similares. Como bien se sabe, ni la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con unos escasos miles de trabajadores organizados, ni la gran masa laboral, fragmentada ésta y poco organizada, tienen verdadero poder negociador. Con un gobierno y unos legisladores que tienen sus intereses puestos en otros ámbitos, no ha de extrañar que el salario mínimo se mantenga desde hace años como un ingreso ínfimo que no alcanza a solventar las necesidades mínimas de un trabajador ni, claro está, de su familia.

El gobierno utiliza para el cálculo del reajuste, entre otras variables, el crecimiento de la economía, que este año apuntaría hacia un seis por ciento. Pero bien sabemos que este indicador dejó de ser desde hace muchos años una guía para estimar el bienestar de las personas. Si los ingresos de los chilenos hubieran aumentado al ritmo que ha crecido el producto chileno desde comienzos de la década pasada viviríamos otra realidad. Porque bien conocido es que este crecimiento ha sido sin equidad: un fuerte aumento de las utilidades para las empresas y un magro beneficio para los trabajadores. Sin equidad, que requiere de una voluntad política que no ha habido, y tampoco teoría del rebalse, el gran argumento –falaz como el que más, por cierto- de las bondades del libre mercado. Sí, una transferencia de riqueza desde el conjunto de la ciudadanía hacia una minoría representada en la gran empresa privada. Un trasvasije de los recursos, del trabajo, de la riqueza, del esfuerzo, en suma, desde la ciudadanía en su conjunto hacia las elites, hacia los poderes fácticos. Un proceso que va desde los pobres hacia los ricos, que son, bien se sabe por las estadísticas, cada vez más ricos.

Las ganancias de la gran empresa chilena han sido sobresalientes durante los últimos años. Basta mirar los resultados de las compañías mineras, de recursos naturales y de servicios para comprobar que las tasas registradas en el movimiento del producto chileno están estimuladas por la energía financiera de estos grandes conglomerados. Durante el primer trimestre del año en curso empresas como Minera Escondida, Empresas Copec, Celulosa Arauco, AntarChile, Banco Santander, Cencosud, Enersis, CAP y Falabella, entre otras, aumentaron sus utilidades entre un nueve por ciento (Santander) y un impresionante 380 por ciento (CAP). De todas las ganancias que tuvieron las más de 600 sociedades anónimas inscritas en la Bolsa de Santiago, un 94 por ciento de ese incremento lo explican exclusivamente diez sociedades que, a su vez, representaron un 47 por ciento de las ganancias totales, según explica un informe de Cenda.

El gobierno, los economistas liberales, las cúpulas del gran sector privado agrupadas en la CPC y la Sofofa y, en fin, todos aquellos que han acogido, impulsado y cautelado en Chile la matriz neoliberal, argumentan que el aumento del salario mínimo perjudicaría a la pequeña y mediana empresa, que es la que produce la gran mayoría de los empleos en Chile, muchos de ellos, hay que recordarlo, con ingresos mínimos. Pero este argumento es relativo y también bastante espurio. El gran obstáculo para el desarrollo de las pymes en Chile no es el aumento de los costos laborales ni menos el salario mínimo, sino la competencia brutal y también desleal de las grandes corporaciones. La plena entrega al laissez-faire de todas las áreas, geografías y sectores, es lo que ha conducido a una pérdida de las cuotas de mercado que tenían las pymes, las que han pasado a engrosar el negocio de la gran empresa. Un fenómeno hoy no sólo presente en las áreas productivas y exportadoras, sino también en cada área de los servicios, como también en el comercio, que incluso busca hoy los espacios que tenían los pequeños almacenes de barrio. Un proceso sin duda cruel, amparado por la cínica neutralidad de mercado y de sus oficiantes, que es el causante del desempleo, la precariedad laboral, la debilidad y desaparición de las pymes, los bajos salarios y el deterioro de la calidad de vida.

Si no existe un sentido interés por las más débiles unidades económicas, no puede tampoco haberlo por las personas y los trabajadores, que sólo pueden optar a recibir “la red de protección social” cuando se hallan en o muy cerca de la miseria. Por increíble que parezca, en Chile un trabajador que percibe el ingreso mínimo está muy lejos de poder optar a esa red de protección social y ha de entrar a competir en las intrincadas y difíciles redes del mercado. Porque no son pocos. Aproximadamente un 30 por ciento de los trabajadores chilenos perciben el salario mínimo, en tanto más del 50 por ciento está bajo la cota de los 250 mil. Con estas cifras, el ingreso promedio de los trabajadores en Chile está en un rango de 300 mil pesos.

El primer quintil más pobre no llega al cuatro por ciento de los ingresos totales, en tanto el quinto quintil, el más rico, obtiene casi el 60 por ciento, lo que obviamente determina la capacidad de consumo en una sociedad que cada vez más ha puesto todas sus actividades y servicios bajo el mercado y el consumo. La mala distribución del ingreso en Chile, que según esas estadísticas oficiales coloca al país dentro de los más desiguales del mundo, no se corregirá a través de los subsidios a la extrema pobreza –vale recordar que para el gobierno no es pobre quien tiene un ingreso superior a los 43 mil pesos- sino mediante el trabajo. Con un salario mínimo de 144 mil pesos, que en no pocos casos es un ingreso familiar, no hay modo ni de mejorar la calidad de vida ni la distribución de los ingresos. Con ese nivel de salarios, el mercado laboral, el trabajo mismo, es un reproductor de la desigualdad y de la pobreza.

Esta abismal brecha en los ingresos ha llevado a crear una cúpula económica y política que forma aquel quinto quintil. Un primer mundo que se alimenta del tercero, como un gran campo de golf en medio de un terreno descampado. Partamos por la dieta de los senadores, que establecida en cinco millones 500 mil es equivalente al suelo de un ministro de Estado, la que se eleva a casi quince millones con los gastos, asignaciones y asesorías varias. Y si así es en la elite política, por cierto que lo es en la privada.

Un estudio más o menos reciente estableció que los gerentes empresas chilenas tienen el más alto nivel de compra comparado con sus pares latinoamericanos, con un ingreso promedio cercano a los cuatro millones de pesos. Sin embargo, estos cargos pueden llegar a un promedio superior a los siete millones mensuales en las empresas grandes y a cifras cercanas a los quince millones para los ejecutivos más altos de las grandes compañías. Y si este es el salario de los gerentes y administradores, en los dueños del capital, los directores de empresas, los números se suman a destajo para superar la imaginación de cualquier trabajador chileno.

Ante esta abismal brecha entre la opulencia y la miseria, que es una vergüenza nacional amparada por todos los gobiernos de la Concertación, hay voces que surgen desde la ética. Monseñor Alfonso Baeza Donoso, presidente de Fasic, vice presidente de Caritas-Chile y ex Vicario de la Pastoral Social y de la Pastoral Obrera, ha propuesto, así como existe un salario mínimo, un salario máximo, el que debiera, por cierto, comenzar por nuestros representantes políticos.

Junto a estas propuestas, y tras las cada vez más débiles demandas de la CUT y todos los desequilibrios en la “negociación”, surge la necesidad del fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y la recuperación de la identidad histórica colectiva del concepto de trabajador. Sólo con el fortalecimiento de estas instancias, de su “empoderamiento”, de su capacidad de lucha, será posible hacer demandas que sean no sólo escuchadas, sino otorgadas. Solo así podrían acabar este rito de falsas negociaciones.

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La educación, fábrica de desigualdades

Los anuncios del 21 de mayo, según ha declarado y enfatizado el mismo gobierno, pone fin al pesimismo y debieran callar –pero eso no lo sabe nadie aún - a los agoreros, los que, según explicó más tarde Ricardo Lagos Weber, el ministro Secretario general de Gobierno, están no sólo en la derecha, sino también en la Concertación. Pero más allá de percepciones, de estrategias comunicacionales, políticas y proyecciones electorales, hay sin duda más que un mero cambio discursivo en lo que parece el anuncio de una mayor acción gubernamental. La inversión en educación, los cambios a la misma regla del superávit estructura, el apoyo a las pymes, entre otras medidas, conforman un importante salto en el gasto social, el mayor desde inicios de la década pasada.

El anuncio presidencial de la inversión de 650 millones de dólares anuales a ampliar los subsidios en educación apunta a mejorar no sólo la calidad general de la educación, sino suavizar la abismal brecha entre la formación de alumnos que provienen desde hogares de desiguales ingresos. Se aumentará la subvención general, la subvención preferencial para escuelas que educan niños más pobres, la subvención rural y se creará un fondo de apoyo a la gestión municipal en educación. Un volumen de recursos, ha dicho la misma presidenta, que es histórico: a partir del 2008 llegarán a unos inéditos cinco mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 15 por ciento en el subsidio público. Una inversión social, que sumada a otras diversos aun cuando menores, ha obligado al gobierno y a Hacienda a modificar esa camisa de fuerza financiera creada en el gobierno pasado y denominada superávit fiscal estructural. La creación de Nicolás Eyzaguirre, que estableció este superávit fiscal en uno por ciento del producto, y fue en su momento elogiado por el sector privado, la derecha y los organismos financieros internacionales, no llegó a gozar de una década de vida. La realidad del país, hoy en la superficie y con capacidad de hacerse oír, forzó al gobierno a recortar esa norma y gastar lo que ha depositado y deposita en instrumentos internacionales. Con el precio del cobre en una cota históricamente alta y proyecciones que lo ponen en el futuro en una alta meseta, con los problemas sociales endémicos en franco y progresivo deterioro, el único acto verdadero de gobernar ha sido, como siempre ha sido, ejecutar políticas públicas.

La educación, en caída libre

La educación, bien se sabe, es el mejor medio para alterar nuestra endémica esclerosis de desigualdad social. Nuestra historia revela periodos durante el siglo pasado con mayores indicadores de igualdad, los que, aun cuando no solo corresponden a los masivos programas de alfabetización y educación, sí tienen una relación de causalidad. La movilidad social está vinculada al acceso a la educación, sin embargo hay una serie de otra variables que pueden acelerarla, pero también obstaculizarla. Pese que hoy Chile goza de un acceso generalizado a la educación, los resultados, que dependen de múltiples factores, son extremadamente desiguales. Hay acceso prácticamente universal, pero hay también otras trabas, que limitan y convierten en una mera apariencia esta equidad.

El actual modelo educacional, basado en la capacidad económica de las familias, ha acentuado esta desigualdad y ha llevado a reproducir a través de la educación de los hijos las diferencias sociales de las familias. El gobierno, que apunta a suavizar la disparidad mediante subsidios al modelo municipalizado, es probable que logre mejorar ciertos indicadores. Pero la pregunta es si logrará alterar las enormes brechas sociales, las que están en la educación, pero también antes y después del proceso de enseñanza. Está en el hogar, en la cuna, y está más tarde en el acceso –disminuido en el niño pobre con mala formación – al mercado laboral


Se entiende a la educación como una inversión social con altas tasas de beneficio. Sin embargo, como decimos, hay numerosos factores que han impedido la concreción de esta relación. La educación, que ha de ser el mejor camino para la movilización social, para la superación de la pobreza, ha fallado como el instrumento para aplanar las desigualdades.

Hay un ingreso prácticamente universal a la educación básica -a comienzos del 2000 englobaba al 98,3 por ciento de la población en edad escolar- lo que apunta a crear una instrucción primaria básica y promedio. Un tipo de educación que fue necesaria en décadas anteriores para desarrollar ciertas actividades propias no sólo en la ruralidad, sino también en actividades productivas. Hoy, bien sabido es, esta formación no cuenta con el espesor mínimo para las exigencias del sector laboral, el que tiende, como en todas las sociedades más modernas, a inclinarse cada vez más hacia el sector servicios. La formación mínima para acceder a un empleo que genere ingresos para optar a una cierta calidad de vida, reconocido ello por organismos económicos como la CEPAL, es de doce años de estudios.

El problema es social y trasciende el mero acceso a la educación. Diferencia en la calidad de la educación y diferencias provenientes desde la procedencia social, variables que en Chile se entrelazan y configuran una sola. De partida, hay que considerar la deserción escolar y la repetición de cursos, las que están claramente acotadas en los sectores de menores recursos. Un documento de Mideplán sobre deserción escolar elaborado por los investigadores Alvaro Krause y Fernanda Melis, señala que ya en la educación media la cobertura, que en la básica es prácticamente total, se reduce a un 87 por ciento. Un documento del Mineduc citado por los autores muestra que menos de la mitad de los alumnos de básica y media egresa sin haber repetido ningún grado. “La tasa de retención alcanza, en enseñanza básica, un 83 por ciento y un 72,7 por ciento en enseñanza media y que, no obstante los avances registrados en la última década, el abandono es muy superior en la enseñanza media que en la enseñanza básica”. Según la encuesta CASEN de 1998, aun cuando son muy pocos los niños en edad de básica que no asiste a la escuela, no asiste a la educación media el 18 por ciento de los adolescentes entre 14 y 18 años. Entre los motivos de la no asistencia a la escuela se hallan desde la ayuda en casa, enfermedad, necesidad de trabajo y maternidad adolescente. Pero el motivo principal es sin duda la pobreza. Más del 90 por ciento de estos niños y jóvenes pertenecen a los tres primeros quintiles de ingreso (los más pobres), proporción que desciende a 74,4 por ciento entre la población de 7 a 13 años y a 69 en la población de 14 y 18 años que asiste a un establecimiento educacional.

Mercado laboral con 10,5 años de estudios

Esta realidad, medida en la infancia y la adolescencia, rara vez varía en la adultez, lo que consolida a una población con un promedio de 9,7 años de estudios y de 10,5 años para acceder a la masa laboral. Sólo en el quinto quintil de ingresos (el más alto) la media alcanza a superar los doce años. Estos promedios, y sin considerar la calidad de la educación, son muy insuficientes para que Chile pueda insertarse en la economía y mercados internacionales con un tipo de producto más elaborado que las actuales materias primas. Bien sabido es, así como tan repetido por el sector privado, el gobierno y la misma clase política, que el salto al desarrollo pasa por una mano de obra bien calificada. De lo contrario, la economía chilena seguirá atada a la extracción minera, pesca, tala forestal y recolección frutícola, actividades que conforman casi la totalidad de las exportaciones nacionales.

Existe, sin embargo, una relación histórica entre ciertas actividades productivas y mano de obra no calificada o pobremente calificada. Un ejemplo de hoy son los sectores salmonero y frutícola, ambas industrias estelares en los mercados de exportación, pero ambas también muy distinguidas por las malas condiciones laborales, las que van desde los extensos horarios a los bajos salarios. En las dos industrias, decimos, se emplea mano de obra de baja calificación, como ocurre en la recolección de fruta, con las temporeras. La pregunta que surge de estas actividades tan rentables –en las dos citadas hay fuertes inversiones extranjeras- es para qué requerirían personal de mayor formación. Qué necesidad tiene y qué gana el sector extractivo-productivo-exportador al contar con una masa laboral más instruida. La actual estrategia productiva comercial, basada en las materias primas o de muy poca elaboración, que es altamente rentable, no parecería estar interesada en cambiar este modelo, el que opera, para sus intereses, a la perfección.

Estimular la educación, que deriva en más creatividad e investigación, es necesariamente, por el momento, una opción política y también de política económica. Con una masa laboral más instruida el tipo de inversión extranjera no sólo estaría interesada en la materia prima, sino también en áreas de elaboradas manufacturas y de complejos servicios. Pero ciertamente una masa laboral de mayor formación capaz de generar productos de alto valor agregado es también un grupo que exige mejores salarios, proceso que conduce a aplanar la desigual distribución de los ingresos. Por la información que hoy obtenemos de nuestra educación, tanto en cobertura como en calidad, hay un largo trecho por recorrer. El que tardaría talvez décadas.

La abismal desigualdad


Si los problemas son evidentes en la extensión de la enseñanza, los que provienen del campo social, en la calidad, que es su profundidad, son aún mayores, los que surgen del modelo de educación. El deterioro de la calidad en la educación pública, bien sabido es, a la que accede el 92,5 por ciento de los estudiantes chilenos, es evidente. En la prueba nacional Simce del 2006, realizada a alumnos de Cuarto básico, el 60 por ciento de los estudiantes de estrato bajo calificó con el mínimo, en tanto sólo el once por ciento de los estudiantes de altos ingresos, y de colegios particulares, está en este nivel. Una brecha que se expresa en las posibilidades de ingreso a la universidad: en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) del 2005 el 68 por ciento de los mejores puntajes surgió de alumnos de colegios particulares y sólo un diez por ciento de establecimientos públicos o subvencionados.

En evaluaciones internacionales la cosa no es mejor. La prueba TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), de matemáticas y ciencias, colocó a Chile en el lugar 35 entre 38 países, situación que se repite en la prueba de comprensión de lectura PISA (Programme for International Student Assesment), en la que los alumnos chilenos sólo superaron a cinco naciones de un total de 43.



La encuesta internacional sobre alfabetización de adultos (IALS) realizada por la OCDE, mostró también insuficientes resultados: alrededor del 80 por ciento de la población entre 16 y 65 años logró niveles inferiores a los mínimos requeridos para responder a las demandas de la vida cotidiana y del trabajo en una sociedad compleja y avanzada. Asimismo, sus resultados indican que solo un cuatro por ciento de la población que no ha completado la enseñanza media alcanza los niveles medio y altos en conocimientos y habilidades requeridas para encontrar y usar información contenida en diversas formas.

El documento Drogas, Relaciones familiares y rendimiento escolar, de los investigadores de la Universidad de Chile Dante Contreras y María Isabel Larenas expone y pone en duda la relación causa efecto entre inversión en educación y rendimiento, lo que también cuestiona, de forma indirecta, las políticas del gobierno. “Durante 1990-2001 el gasto público en educación como porcentaje del PIB se vio incrementado en 1,7 puntos porcentuales. Sin embargo, tal aumento de recursos no se vio reflejado en mejoras significativas en el rendimiento educacional. En efecto, los resultados de las pruebas estandarizadas no han evidenciado ninguna mejora substancial durante los últimos años, indicando que un aumento de los recursos por si solo no es suficiente para mejorar los resultados del proceso educativo”..


El estudio de Contreras y Larenas se basa en la relación entre el rendimiento de los alumnos, la educación de sus padres, la calidad de las relaciones familiares y las características de la personalidad del estudiante. En suma, el contexto social y económico de los estudiantes. Según los autores, las relaciones familiares y conductas del adolescente son un fuerte predictor de la deserción escolar. En particular, muestran que el ambiente familiar durante la niñez influye en la probabilidad de presentar un mal rendimiento escolar no solo en los primeros años de estudio, si no que también en la adolescencia. “Los padres son a quienes les corresponde el papel primordial en la educación de los hijos. Siendo la familia el primer responsable, la escuela sólo complementa la educación del individuo”. Si a esta afirmación le agregamos que muchos padres y madres han de trabajar hasta doce horas diarias, que en no pocas familias las relaciones están distorsionadas, que los ingresos son siempre insuficientes, que el entorno social y comunitario es poco amigable, es posible observar que la vinculación de los padres con el proceso educativo de sus hijos está cortado.

La inversión en educación chilena es históricamente baja. Un documento de Cenda afirma que es del orden del cinco por ciento del producto, extremadamente bajo si se le compara con el 7,5 por ciento de hace treinta años atrás. Si consideramos los cinco mil millones de dólares que ha anunciado el gobierno y el producto chileno, de unos 115 mil millones de dólares el 2006, en la actualidad tendríamos que sólo un 4,8 por ciento del PIB se destina a educación.

Hay, sin duda, una enorme distancia con los países desarrollados y con aquellos que han logrado desarrollarse durante las últimas décadas. En los países de la OCDE, organización que conforman los países más desarrollados y a la que Chile –pregunta del millón- quiere acceder, la inversión media en educación es del 5,9 por ciento del PIB. En el tramo más bajo está Turquía, con el 3,7 y en el más alto Islandia, con el ocho por ciento. Según datos del 2006, el gasto medio por alumno durante las etapas de básica y media es del 77.204 dólares; en la cima, por sobre los cien mil dólares, están países como Austria, Italia, Estados Unidos, Noruega y Suiza. Chile, en tanto, que quiere ingresar a la OCDE, repetimos, tiene un gasto por debajo de los 40 mil dólares.

Ante esta realidad, la inversión anunciada por la presidenta Bachelet sin duda que es un aporte hacia una de nuestras mayores falencias, hacia uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia una mejor calidad de vida y mayor equidad. Pero 650 millones de dólares, en un mar de problemas no es nada. O casi nada.