La cultura, como botín de guerra

Más de 120 años, varias generaciones, gobiernos, ciclos políticos y sociales han pasado desde la Guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile, finalizada ésta en 1883. Un tiempo más que suficiente para que la historia se cristalizara, los mitos y ritos se naturalizaran y los recuerdos licuaran. Memoria y olvido, que no siempre es la misma porque la ligereza de la historia tiende a rescatar y destacar ciertos actos, lo mismo que a olvidar y ocultar otros. Así ha sido con la historia de estos tres países, que son tres relatos distintos sobre un mismo hecho.
Lo que ha sido olvido en Chile ha sido memoria en Perú. Durante la ocupación del ejército chileno a Lima, que usó la Biblioteca Nacional como cuartel general, varios miles de libros, junto con instrumentos científicos y otras prendas de valor, pasaron a ser trofeos de guerra camino a Santiago. Aun cuando en la época los chilenos hicieron un inventario de aquellas piezas y hay ciertos pero muy escasos registros escritos, el episodio fue sepultado en bodegas y archivos. Más de cien años de silencio y oscuridad que han diluido también el original registro de los libros. En Lima, y también en Santiago, hay quienes hablan de cientos, otros de miles, y también de decenas de miles.
La memoria se mantuvo en Perú y salió a la superficie hacia comienzos del 2000, cuando un grupo de intelectuales peruanos hizo visible el tema, que circuló posteriormente entre escritores y poetas chilenos hasta emerger hacia el gran público a través de los medios de comunicación chilenos. Dos reportajes, en un periódico y en el canal público de televisión, despertaron y sacaron de las bodegas una realidad que, de una u otra manera, las autoridades de la época no pudieron negar. Hacia mediados del 2006 el ministro de educación chileno se comprometió a nombrar una comisión investigadora, que debía hacer un catastro de los textos “traídos” desde Perú (que es el lenguaje de las autoridades y los medios, porque los libros no han sido sustraídos, requisados, saqueados, ni, jamás, robados).
A un año de creada la comisión, hay información, pero es vaga y, por cierto, secreta. Hay algunos libros, están en las bodegas de la Biblioteca Nacional de Santiago, pero no existe un registro con los títulos. Hay, claro está, un avance, que es el reconocimiento de las autoridades de una realidad que la historia oficial chilena quiso hacer invisible y muda. Pero el pasado se cuela en el presente. Muchos de los funcionarios de la Biblioteca sabían de los libros, tal vez algunos los habían visto, aunque no existían para su consulta.
La directora de la Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), Nidia Palma, contribuyó hacia finales de marzo a acercar un poco más los libros a su lugar de origen cuando declaró que ella y su institución tienen “toda la voluntad de devolver este material que le pertenece a la comunidad del Perú". Palma, sin embargo, ha guardado en secreto el número de libros, información que, ha dicho, se hará llegar primero Lima. Sobre ella está la historia, y ésta ha sido tratada en Chile como un asunto de Estado.
La Guerra del Pacífico, o también Guerra del Salitre, por los intereses que la desataron, ocurrida entre 1879 y 1884, tuvo como resultado la anexión por parte de Chile de las provincias peruanas de Tarapacá y Arica y la boliviana de Antofagasta. Pero sin duda la consecuencia más amarga ha sido la pérdida de las costas para Bolivia.
Desde entonces, la historia se ha escrito de forma muy desigual en cada uno de los tres países, la que ha creado un imaginario, bien estimulado por las respectivas fuerzas nacionalistas, muy poco amigable. Aun así, pese a la dureza de los distintos mitos, el paso del tiempo ha abiertos algunas vías hacia una nueva corriente que fluye desde la sociedad civil. Cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó Chile para la asunción al mando de Michelle Bachelet una multitud de chilenos coreaba “mar para Bolivia”. El presidente Morales ha relatado en varias entrevistas este episodio, el que responde a aires frescos que remueve el polvo de los tratados de historia.
Este espíritu, que de cierta manera ha influido en personalidades de las áreas de la educación y la cultura, e, incluso en el Ejército chileno, que en abril pasado le rindió inéditos homenajes al héroe boliviano Eduardo Abaroa y al peruano Miguel Grau, no lo ha hecho en los cuerpos políticos estratégicos. A finales de marzo el canal público de televisión tenía preparado el documental titulado “Epopeya” que reflexionaba sobre este lastre de la guerra. El programa, sin embargo, fue postergado por presiones de las cancillerías chilena y peruana, aun cuando con el paso de los días y las semanas, los temores de una reacción nacionalista a ambos lados de la frontera resultaron infundados. El tono pacifista del documental, cuya versión resumida ha circulado por internet, generó grandes expectativas sobre sus contenidos entre peruanos y chilenos y ninguna reacción contraria. Gilberto Villarroel, el guionista de la serie, estima que una de sus virtudes es dar una nueva mirada a la historia, que es una visión crítica al historicismo nacionalista que han marcado a los tres países.
Durante la primera semana de mayo dos nuevos eventos han contribuido a este aligeramiento del peso histórico. En La Paz se reunieron los jefes de las armadas boliviana y chilena, en tanto la televisión chilena accedió a emitir el documental Epopeya, que ha tenido buena recepción en Lima y Santiago. Una nueva mirada que llevó al presidente del Perú, Alan García, a elogiar los contenidos de la serie.
En este sentido se ha echado a rodar otra idea, impulsada por un grupo de chilenos y peruanos. Se trata de la devolución del acorazado Huáscar, capturado por la marina chilena y actualmente fondeado y exhibido como botín de guerra en la bahía del puerto de Talcahuano.
Antes que el barco, se supone, partirán los libros, cuyo proceso de devolución avanza, aunque bajo cuerdas. Para algunos senadores de la coalición de gobierno, sólo falta establecer la fecha para su entrega.
PAUL WALDER

La fiebre del oro mueve montañas

La semana previa a la conferencia sobre calentamiento global que realizó en Santiago el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, un patrocinador de última hora estuvo a punto de caldear el seminario y conducirlo a quien sabe qué polémica. Barrick Gold, el principal inversionista en el proyecto minero Pascua Lama, que prevé su emplazamiento en un área de Los Andes en la frontera argentina y chilena, apareció como uno de los auspiciadores de la versión chilena de este tour mundial. La advertencia a los medios de diversas organizaciones medioambientales alertó a los productores del seminario, que quitaron a tiempo el mecenazgo ecológico de Barrick Recursos no le faltan: es el primer productor de oro del mundo, y el 2006 tuvo ventas por más de mil millones de dólares.

El aporte financiero de la canadiense Barrick al seminario sobre calentamiento global no sólo habría jugado en contra de la iniciativa planetaria de Gore, sino que era una confusa, y ciertamente temeraria, y aun descarada, estrategia publicitaria. Uno de los recursos hídricos naturales más golpeados por el proceso de calentamiento global son los glaciares, los que bien se sabe se han evaporado durante los últimos cincuenta años a un ritmo vertiginoso para el sereno tiempo geológico. Pero Barrick se propuso ir más rápido: en su proyecto minero proyectó eliminar para la extracción de oro el glaciar Pascua Lama. Lo que no ha conseguido aún el cambio climático, las retroexcavadoras planeaban hacerlo en unos pocos meses. La remoción de toneladas de hielo para las cuencas hídricas eran tan dañinas, que una campaña ecológica internacional logró que la autoridad medioambiental chilena exigiera a la compañía canadiense aplicar otro tipo de tecnología para la extracción del oro y mantuviera el glaciar intacto.

Chile es y ha sido históricamente un país minero. Su economía se apoyó en los siglos XIX y comienzos del XX en el salitre y en la actualidad en el cobre y otros minerales:“La viga maestra de la economía” denominó al mineral en los años 60 el ex presidente Eduardo Frei Montalva, y en los 70 Salvador Allende lo calificó como “el sueldo de Chile”; ambos mandatarios iniciaron entonces un proceso de nacionalización de los yacimientos mineros, los que dieron vida a la empresa estatal Codelco, hoy la mayor fuente de recursos fiscales.

Hoy en día, aproximadamente el 63 por ciento de las exportaciones chilenas corresponden a productos mineros, con ventas por unos 37 mil millones de dólares. Una actividad que constituye sin duda la piedra angular de su economía, con el 17 por ciento del PIB nacional, la que ha sido también apuntalada de manera especial por diferentes leyes y normativas que han buscado atraer inversionistas privados a este sector. Todo un éxito: entre 1974 y 2006 un tercio de toda la inversión extranjera realizada en Chile se ha canalizado hacia la minería. Prácticamente todas las grandes compañías mineras del mundo –BHP Billiton, Phelps Dodge, Anglo American, Falconbridge, y, claro está, Barrick, entre las principales - tienen su asentamiento en el norte chileno.

La legislación que causó la mayor polémica durante más de diez años, concebida a modo de imán para inversionistas extranjeros, fue la exención tributaria que gozaron las grandes compañías privadas del cobre, las que durante las últimas décadas prácticamente no pagaron un centavo al fisco. En la actualidad, y tras un largo debate parlamentario, un sistema de royalty –bastante etéreo según sus detractores- se aplica al sector desde el gobierno pasado de Ricardo Lagos.

La mayoría de los emplazamientos mineros están en las regiones del norte de Chile. Pascua Lama está ubicada en la Región de Atacama, en el valle de Huasco, zona fértil, de clima templado y cielos nítidos, que alberga a numerosos agricultores que cultivan olivos y uva para producir pisco. El anuncio de Barrick de explotar el yacimiento de oro, proyecto que suma unos 1.500 millones de dólares, aun cuando podría elevarse a 2.500 millones si se aplica la tecnología que preserva el glaciar, ha puesto desde hace años en alerta a gran parte de los agricultores, que presumen, con estudios en la mano, efectos nocivos en las cuencas hídricas. El intenso consumo de agua para la producción aurífera impediría en un mediano plazo el desarrollo de la agricultura.

Luis Faure, concejal demócrata cristiano de Alto del Carmen, localidad en el valle del Huasco, es uno de los dirigentes en la lucha de los habitantes de la zona contra Pascua Lama, aunque este caso, sacudido internacionalmente, ha pasado a ser también la causa emblemática del movimiento ecologista chileno, apoyado a su vez por el argentino. El concejal y hoy activista medioambiental ha explicado que como referencia está el valle de Copiapó, en la misma región, en el que el agua se está agotando como consecuencia de la actividad minera. Huasco podría seguir la misma suerte, aun sin la remoción del glaciar: los diversos trabajos mineros, que intervienen los glaciares indirectamente, los han reducido en un 70 por ciento de su volumen y podrían adelgazarse mucho más por la trasferencia de calor, trabajos con explosivos y levantamiento de tierra de las obras.

Pascua Lama, que en el lado argentino ya ha comenzado las faenas, ha estado detenida por dos factores en Chile. Uno ha sido la evaluación ambiental, que en la actualidad está aprobada con la condición de preservar el glaciar. El segundo obstáculo para la compañía canadiense ha sido un embrollo legal, que ha hecho aparecer a otros propietarios –supuestamente los verdaderos dueños, aun cuando éste es un asunto propio de los tribunales- del yacimiento. Un asunto que finalmente para Barrick, que ya ha hablado de 2.500 millones de dólares, es de costos. Unos cientos millones, un poco más, un poco menos.

El proyecto, de miles de millones, ya ha despertado en la zona y en el país aquellas pasiones, ilusiones, esos sueños de delirio y codicia. La fiebre del oro de Huasco no ha atraído, como en otras épocas y lugares, a millares de soñadores y hambrientos buscavidas. Sí, a ejecutivos, lobbystas y picapleitos que deambulan por la zona y el país en el intento de atrapar esta quimera del oro.

El metal ya levanta pasiones, ambiciones y también oscuras acciones. Ofertas y regalos, promesas y recompensas abundan por el valle. Cualquier esfuerzo de hoy, bien se sabe, mutará en oro mañana. Y para ello basta echar un vistazo a las cotizaciones mundiales del metal: hace cinco años bordeaba los 300 dólares la onza; durante mayo roza los 700 dólares. Con estos precios, cualquier proyecto aurífero tiene las características de una nueva fiebre del oro.

El proyecto está en su fase terminal. A Barrick tan solo le falta obtener las últimas autorizaciones y aclarar los enredos legales. A los habitantes y agricultores de Huasco, seguir luchando a través de movilizaciones, que son “las únicas que pueden decidir las cosas. Las batallas legales no llevan a nada, el poder de Barrick es enorme y las leyes están hechas para que los proyectos de las transnacionales resulten”, ha sentenciado el concejal. En fin, casi nada.

¿Fin de la pobreza o fin de las estadísticas?

El gobierno de Michelle Bachelet anunció con satisfacción hacia la segunda semana de junio que la pobreza se bate en retirada en Chile. Tras 17 años de administraciones de la Concertación de centro izquierda y de persistentes políticas sociales, dijo entonces la presidenta, Chile ha logrado reducir la pobreza, no a una mínima expresión, pero sí al menor nivel de la historia reciente. Bachelet recordó que al asumir el primer gobierno de la Concertación en 1990 hallaba un país con el 38 por ciento de su población bajo el índice de pobreza. La última medición realizada hacia finales del 2006 marcó apenas un 13,7 por ciento. En suma, durante los últimos 17 años el índice se ha reducido en un 44 por ciento.
Alegría por el éxito, para también ciertas manifestaciones de pesar. En cifras absolutas, existen hoy en Chile más de dos millones de personas calificadas como pobres, de las que unas 500 mil viven, o sobreviven, en la indigencia. Un sondeo que también ha marcado otras novedades: por primera vez en la historia, y tal como sucede en numerosos otros países, la pobreza urbana supera a la rural, por lo que la capital Santiago registra con no poca inquietud, por las disfunciones sociales asociadas, un índice de pobres del 14,4 por ciento, mayor a la media nacional. Pero pese a la inversión en las características del fenómeno, éste persiste con fuerza en la zona indígena mapuche, regiones con guarismos en torno al 20 por ciento. En el otro extremo, con los menores índices del país se hallan regiones alejadas del centro: la Duodécima, en plena Patagonia, con algo más que un seis por ciento, y la Segunda, en plena zona minera del desierto de Atacama, con un siete por ciento.
Las estadísticas oficiales de pobreza son la principal herramienta para la asignación de los subsidios a las familias de más escasos recursos, las que históricamente han sido medidas por un instrumento conocido como la ficha CAS, el que a partir del año pasado fue reemplazado por la Ficha de Protección Social. No se trata, sin embargo, de una mera alteración en la nominación, sino de la incorporación de nuevas y más reales variables en la medición de las carencias. Entre las principales modificaciones está la exclusión de la calidad de la vivienda y la posesión de bienes durables, como televisor, máquina lavadora o refrigerador, equipos que hoy, a diferencia de las décadas anteriores, son de más fácil acceso. La nueva ficha de medición de cierta manera se acercaría más a la realidad de la pobreza en una sociedad moderna y globalizada.
Marcel Claude, un economista independiente y agudo crítico a las políticas de gobierno, ha considerado un importante avance en la medición de la pobreza los cambios a la ficha CAS. “Es un paso adelante en el sentido de incorporar nuevos elementos teóricos y prácticos que permitan visualizar todas las dimensiones de la pobreza, especialmente en lo que se refiere a la vulnerabilidad. Se contemplan nuevos elementos para la medición, como la información referida a enfermedades crónicas e invalidantes, la pertenencia a pueblos originarios y también sobre la calidad de los empleos”, ha dicho.
La línea de la pobreza está también medida por un ingreso básico per cápita de poco más de 82 dólares mensuales en las zonas urbanas y de cerca de 58 para las zonas rurales. Quienes perciben ingresos menores a estos montos están bajo la línea de pobreza, y por tanto son sujetos aptos para acceder a los subsidios. Una línea que sin embargo merece más de una atenta observación.
Tras la solidez de estas estadísticas está el tan divulgado concepto del crecimiento con equidad bajo un modelo de mercado, el que apuntaría hacia su consolidación. Las políticas públicas orientadas a subsidiar a las familias de más escasos recursos habrían dado unos resultados que, a la vista de las estadísticas, parecen irrefutables. Pero es aquí el lugar de las dudas. No habría una relación entre las estadísticas y la observación directa, aquella que se hace, se vive y se padece cualquier día en una ciudad chilena. ¿En qué categoría cae quien emerge de la línea de la pobreza? ¿Cómo vive sin los subsidios quien ya no califica de pobre?

Los estudios del gobierno nos dicen que en Chile hay una menor proporción de pobres que en... ¡la Unión Europea! La media chilena, ha dicho el gobierno, es de 13,7 por ciento, en tanto el promedio europeo está en torno a un 15 por ciento. Resulta obvio estimar que las variables para establecer estos índices son diferentes, pero también resulta dable preguntarse si existen distintos tipos o categorías de pobres.

Europa considera como pobre a todo aquel que se sitúe económicamente por debajo del umbral del cincuenta por ciento de la Renta Media Disponible Neta (RDN) en el conjunto de un Estado miembro. En España, por ejemplo, esta situación afecta al 19 por ciento de los hogares, más de ocho millones de personas. En el 2005, España alcanzó una media de 1.060 euros por persona al mes en renta disponible neta. Sobre estos datos, un pobre en España es quien tiene ingresos inferiores al 50 por ciento de este promedio, unos 530 euros mensuales. Si consideramos que el salario mínimo en Chile se eleva a unos 190 euros, estamos entonces hablando en dos lenguas diferentes. Las estadísticas gubernamentales chilenas parecen aplicarse sobre otra realidad.

Pero hay otras medidas aún más confusas. En Chile el Producto Per Cápita (PPP) durante el 2006 alcanzó los 12.700 dólares anuales –o unos mil dólares mensuales- cifra que lo ubica dentro de los países de ingreso alto de la región, superado por Argentina, pero superior a Brasil. Si consideráramos la medición de la Unión Europea, un pobre en Chile sería alguien con un ingreso mensual menor a los 500 dólares (que es más o menos similar a las estadísticas españolas), sin embargo esta cifra no tiene ninguna relación con el umbral chileno de la pobreza, en 82 dólares. Habría otros factores que alteran el método del producto per cápita, el que está en el caso chileno especialmente distorsionado por la mala distribución del ingreso.

Así es como una de las variables que releva el Banco Mundial al tratar la pobreza es la condición de igualdad social y la distribución de los ingresos. Según el organismo, en América latina el diez por ciento más rico de la población de la región percibe el 48 por ciento de los ingresos totales, mientras que el diez por ciento más pobre sólo percibe 1,6. En los países industrializados, dice, en cambio, el diez por ciento superior recibe el 29,1 por ciento del ingreso, mientras que el diez por ciento inferior recibe 2,5. “Si América latina tuviera el nivel de desigualdad del mundo desarrollado, sus niveles de pobreza de ingreso estarían más cercanos al cinco por ciento que a la tasa real de 25 por ciento”, establece un reciente documento de esta institución.


Marcel Claude, al observar las estadísticas del gobierno de Chile, no oculta su estupor.
El sentido común, dice el economista, nos obliga a establecer un vínculo entre crecientes y gigantescas desigualdades y más graves condiciones de pobreza. “Por otra parte y desde el punto de vista teórico-económico, no es posible mejorar significativamente a unos pocos sin desmejorar a otros, más aún cuando los recursos no son ilimitados y cuando los países son pobres”, agrega.

Para Claude, la única manera de que crezca la desigualdad y se reduzca la pobreza, dice, es que el método “sea muy pero muy limitado y deje afuera de los pobres a quienes nadie podría calificar sino como pobres y mucho menos aún de ricos”. Esto es, que quienes tienen ingreso superior a los 82 dólares, quedan fuera de las estadísticas. Y nuevamente es posible plantear la pregunta. Quien gana 90 dólares mensuales ¿es pobre, no pobre o clase media?

Queda claro entonces cual es la política más eficaz para reducir la pobreza, dice Claude no sin ironía. “A mi juicio, es una de las más fáciles y menos costosas de todas las políticas públicas: contratar a un especialista en pobreza que sepa muy bien cómo justificar teóricamente una línea de pobreza tan ridículamente baja que no quede nadie abajo o el menor número posible”.

Lo cierto es que hay otras estadísticas menos benevolentes. Según el Servicio de Impuestos Internos, en el 2003 el 98 por ciento de los chilenos no superaba los 1.710 dólares mensuales como ingreso. Otro estudio, de la revista Capital, afirmaba que el 90 por ciento de los habitantes del Gran Santiago vive en hogares cuyo ingreso familiar es inferior a esos 1.770 dólares. Invirtiendo la relación, sólo el dos por ciento de la población tiene ingresos superiores a tal cifra.

Estos y los otros registros numerales, no parecen apuntar hacia un fin de la pobreza en Chile, sino hacia el fin de estos instrumentos de medición. Una herramienta que, infelizmente, más parece destinada a medirse a sí misma.