Postulación al Consejo de DD.HH. de la ONU: ¿La ética capta votos?

La justicia chilena, y por extensión sus diversas instituciones y el mismo gobierno, han generado un hito histórico al extraditar al ex presidente Alberto Fujimori al Perú por diversos delitos de lesa humanidad. Se trata, como se ha comentado ya profusamente, del primer caso de extradición de un presidente o ex jefe de Estado reclamado por la justicia del país en el que fueron cometidos los crímenes. Aun cuando la reciente historia registra los casos de extradición del serbio Slobodan Milosevic y del liberiano Charles Taylor, en ambos casos fueron juzgados por tribunales internacionales, pero no por los de sus respectivas naciones. Con el ex mandatario peruano, la justicia de Chile parece haber instalado un nuevo referente a nivel mundial: los crímenes contra la humanidad cometidos por los gobernantes pueden ser juzgados por los tribunales nacionales. Con el reciente fallo, se puede también inferir, costará más que los violadores a los derechos humanos hallen amparo en otras naciones. Está en marcha un proceso de internacionalización de la justicia y en él ha sentado un precedente, una nueva doctrina, un tribunal chileno.

El asunto, sin embargo, tiene especiales y complejas implicancias para los ciudadanos chilenos y para su más reciente historia. La extradición al Perú de Fujimori, aun cuando tenga aspectos disímiles, nos trae de inmediato a la memoria la petición de extradición de España a Gran Bretaña del entonces prófugo internacional Augusto Pinochet. Como muy bien recordamos, los gobiernos chilenos de la época –el saliente de Eduardo Frei y el entrante de Ricardo Lagos- hicieron abiertas y soterradas gestiones invocando a la soberanía nacional para impedir la extradición de Pinochet a España, las que final y sorprendentemente y ante la atónita mirada del mundo tuvieron éxito. Pinochet, acusado de millares de crímenes de lesa humanidad, regresó a Chile, porque los tribunales nacionales, se repitió hasta el hartazgo, garantizaban un justo proceso. Pinochet fue finalmente procesado, pero jamás fue condenado.

La celeridad en la resolución del caso Fujimori por el lado chileno contrasta con el enrevesado y prolongado proceso judidial que siguieron los múltiples delitos cometidos por Pinochet, sino con muchos de los que hoy esperan por sus respectivas sanciones. La tozuda tardanza, la indiferencia por parte del conjunto de las instituciones ha mantenido a la gran mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos sin sanciones tras 17 años de democracia. A diferencia de la oscuridad que ha caracterizado este doloroso trance nacional, la rapidez del proceso de extradición de Fujimori ha generado, junto con la obvia satisfacción de parte de los defensores de los derechos humanos, también estupor y sospecha. El oportunismo y la superficialidad que caracteriza a la clase política y a nuestros gobernantes se hace presente también en este momento a través del uso del fallo por parte del gobierno para postular a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. A las pocas horas de haber llegado Fujimori a Lima, el gobierno peruano confirmó el voto a Chile para el sillón de la ONU. ¿Simple coincidencia?

Hemos dicho que a la luz de este fallo aparece también la sombra y la oscuridad. Chile avanza con causas ajenas, pero detiene sus propios procesos. Aparentemente, a las instituciones chilenas les resulta hoy más cómodo fallar un proceso foráneo, que de cierta manera favorecerá, por lo menos en el corto plazo, las algo enturbiadas relaciones bilaterales con el Perú que impulsar los centenares de casos no resueltos de violaciones a los derechos humanos realizados durante la dictadura. Pero el asunto no se detiene aquí: la intervención que hizo el gobierno hace un par de semanas con el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos ha sido observada por las organizaciones de derechos humanos como un evidente retroceso hacia el esclarecimiento de la verdad. La aprobación por parte del ministro Secretario General de la Presidencia a un proyecto de ley espurio y sin sustancia, que elimina, entre otros aspectos, la facultad del Instituto para entablar demandas por violaciones a delitos de lesa humanidad, es sin duda un nuevo retroceso para la causa de los derechos humanos en Chile. Por tanto, el fallo de extradición más parece un evento muy llamativo que oculta estas y otras grandes falencias.

Por tanto, del mismo modo como ya lo han comunicado distintas organizaciones chilenas, no por un caso la institucionalidad y el gobierno chileno tienen las credenciales para ocupar un espacio en la ONU en la defensa de los derechos humanos. Es necesario comenzar por casa, es menester mostrar no simples discursos, sino acciones.

Chile no califica para ese sillón. No lo hace porque de partida no ha ratificado los tratados internacionales en la materia, no ha anulado el Decreto Ley de Amnistía y no ha aprobado la interpretación del Artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, que resuelve aplicación de prescripciones y amnistía. Todo ello sin considerar la represión a los jóvenes y el respeto a las libertades públicas, como el derecho a reunión y a la libre expresión. Chile mantiene una creciente política represiva –entre ellas la ley de responsabilidad penal juvenil- la que toma también cuerpo entre los oficiales de sus fuerzas armadas, formados aún bajo la doctrina de Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas. La historia parece no habernos enseñado lo suficiente.

Sueldos y salarios: Lo mínimo, lo ínfimo y lo grotesco

Las cifras sobre salarios que hace un tiempo reveló la encuesta Casen de Mideplán tienen una directa relación con las de pobreza publicadas por este mismo ministerio. Una relación nada nueva y menos sorprendente: porque la pobreza tiene en Chile como causa principal los insuficientes ingresos. Pese a establecerse esta conexión, la que resulta evidente, hay también una serie de áreas opacas, las que apuntarían a empeorar las cosas. Lo que dice el gobierno, lo que logra sondear y traducir en números y estadísticas, refleja una realidad social y económica mucho más cruda y compleja. Si Mideplán publicó hace un par de meses que sólo el 13,7 por ciento de los chilenos vivían bajo la línea de la pobreza, cifra porcentual que correspondería a unos dos millones 200 mil personas, ahora confirma que hay un millón de trabajadores con ingresos iguales o menores que el mínimo. Si tenemos en cuenta que la población activa la conforman unos 6,5 millones de personas, aproximadamente un 15,3 por ciento de este grupo está en o bajo el salario mínimo. Hay, sin duda, y en una primera mirada, una relación entre el grupo de bajos salarios y el grupo de pobres que detecta la metodología de Mideplán.

El asunto es qué mide esta metodología. Porque quién cree que en Chile sólo el 13,7 por ciento es pobre si en Estados Unidos las estadísticas dicen que más o menos un trece por ciento de la población está en esa condición. Y lo mismo en la Unión Europea, con un porcentaje similar, y aun mayor, de los ciudadanos bajo la línea de pobreza. Obviamente, la explicación no resiste mucha argumentación: se trata de metodologías diferentes, las que aun cuando tiendan a justificar un poco las similitudes, que más parece una coincidencia numeral, una casualidad, no logran explicar el sentido de chilenizar las mediciones de pobreza. Por cierto hay menos pobres según esa estadística, pero ello no explica qué es ser pobre y qué es no ser pobre, ni tampoco mide ni conoce las verdaderas carencias.

La demanda de elevar el salario mínimo que lanzó hace algún tiempo el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, no sólo es un llamado a toda la elite política, económica y empresarial de este país a hacer algo por los trabajadores (no sabemos si legislar, discutir o simplemente rasgarse las vestiduras, como ha sido la reacción hasta ahora), sino que ha omitido concientemente, y pese a la ira de la senadora Evelyn Matthei, todo el discurso económico instalado desde hace más de veinte años en cuanto el crecimiento, junto a los equilibrios fiscales y macroeconómicos, llevaría a Chile al desarrollo. Esta declamatoria, que cada año como en un sarcástico ritual proyecta el fin del subdesarrollo y del tercermundismo, ha sido simplemente ignorada por Goic y la Iglesia católica. La economía chilena lleva más de veinte años creciendo y durante la década pasada sobre el siete por ciento, pero las carencias endémicas de la mayoría de la población se mantienen. El modelo, evidentemente, no sólo ha fallado en la reducción de la pobreza y el subdesarrollo, sino que ha transparentado su verdadera inspiración, que es la magnificación de las ganancias para las grandes corporaciones. De ello, ya no hay duda.

El gobierno, y especialmente la misma presidenta Michelle Bachelet, han acogido este clamor, que es, en estos momentos, más moral que político. Pese a ello, pese a proceder este discurso desde la Iglesia católica, coincide con la emergencia de movilizaciones sociales y laborales. La Iglesia, de cierto modo, ha recogido oportunamente el profundo malestar social y lo ha elevado a la categoría de demanda. Y así lo hizo nuevamente el 18 de septiembre durante el Te Deum ecuménico en la catedral de Santiago. El arzobispo Francisco Javier Errázuriz lanzó otra vez esta demanda social ante la elite política del país. Nadie, desde la presidenta Michelle Bachelet, sus ministros y todo el espectro parlamentario pudo no haber oído la súplica. Pero ¿es la Iglesia católica chilena la encargada de modelar la agenda política, de construir los programas políticos?

Teniendo en cuenta la falta de representatividad política, la Iglesia ha pasado a ser un portavoz, un vicario de las grandes masas de trabajadores y ciudadanía sin gran capacidad de expresión. No se trata de un mero cambio de discurso de las cúpulas eclesiásticas, sino de la capacidad de percibir la magnitud de los problemas no resueltos durante los años de democracia.

Lo que ha sucedido, y es esto lo más destacable, es el comienzo del desplazamiento de las grandes corrientes de pensamiento. De cierta manera, la realidad, la simple percepción, ha comenzado a apartar a la tecnocracia y a todos sus métodos y estadísticas. Pese a todos los indicadores, a todas las variables exhibidas, a todos los grandes discursos, pese a la “señora Juanita”, aquel invento de Ricardo Lagos, lo que le queda claro al país es que permanecen las grandes carencias. Es más, la desigualdad ha aumentado junto a todos sus perversos efectos sociales. Ha quedado claro que con la estructura salarial la pobreza y el deterioro social simplemente se reproduce.

El obispo Goic habló de un salario ético de 250 mil pesos, el que ha sido, y contra todas las predicciones, acogido por numerosas instancias políticas. No sólo la Cámara de Diputados se movilizó rápidamente para discutir la materia, también la Fundación Chile 21, ligada al Partido Socialista, ha elaborado incluso una propuesta concreta para convertir de aquí a cinco años el salario mínimo en uno ético.

Por cierto que la reacción es y será implacable. No sólo la histeria y fundamentalismo de la senadora Matthei, también los think tanks de la derecha. Hace un par de meses, durante el vergonzoso trámite que elevó el salario mínimo a escasos 144 mil pesos, el Instituto Libertad y Desarrollo publicó un documento que resumía y refrendaba la clásica proclama neoliberal que hemos venido escuchando desde hace más de veinte años: el aumento del salario mínimo genera desempleo, lo que perjudica a los más pobres.

La desigualdad en el corazón del Imperio


De una u otra forma, este discurso conservador, asimilado también por la Concertación, hoy en día hace agua. Su hundimiento viene desde el corazón del Imperio, que tras largos años de extremo neoliberalismo ha comenzado a recoger sus resultados. La actual crisis hipotecaria en Estados Unidos ha mostrado el colapso al que ha conducido la total libertad de mercado, aumentando la desigualdad en los ingresos a niveles históricos. Según cifras del 2005, el uno por ciento de los hogares más ricos obtiene el 22 por ciento del total de ingresos, más del doble de lo que obtenía en 1970. Esta es la mayor concentración de la riqueza en Estados Unidos desde 1928, cuando ese uno por ciento se apropiaba del 23,9 por ciento de los ingresos totales (citado en Inequality.org)

Entre 1979 y el 2005, el cinco por ciento más rico de la población vio incrementar su riqueza en un 83 por ciento; durante ese mismo periodo, el ingreso del cinco por ciento más pobre disminuyó en un uno por ciento. Si en 1962 la riqueza del uno por ciento más adinerado era 125 veces la del promedio, ésta ascendió a 190 veces el 2004 (U.S. Census Bureau). Según otra comparación del aumento de la desigualdad, el uno por ciento más rico posee el 34,1 por ciento de toda la riqueza, más que el 90 por ciento de la población, con el 28,9 por ciento de la riqueza. El otro nueve por ciento más rico es dueño del 36,9 por ciento.

Este proceso tiene su referente en los sueldos. Los altos ejecutivos, los CEOs (Chief Executive Officer), ganan 411 veces más que el sueldo promedio. Estos ejecutivos obtienen más que el doble que sus contrapartes en el Reino Unidos, Alemania o Francia y unas cuatro veces más que los japoneses o coreanos. Y lo que sucede aquí arriba, sufre un proceso inverso entre los otros trabajadores (datos de Inequality.org). Entre 1949 y 1979 los salarios promedios en Estados Unidos se reajustaron en un 75 por ciento; desde entonces, sólo han aumentado un dos por ciento. El 2006, como resultado de la rebaja de impuestos de la administración de George W. Bush, el 20 por ciento más pobre de los hogares ganó un promedio de 23 dólares, el veinte por ciento situado en la clase media recibió 448 dólares. Sin embargo, el uno por ciento más rico ganó 39 dólares y el 0,1 por ciento unos 200 dólares (Economic Policy Institute).

Las críticas al manejo económico del actual gobierno en Estados Unidos, que cumplirá, como la profecía, siete años el 2008, no sólo proceden hoy en día desde sectores radicales y de izquierda. Paul Craig Roberts, que fue secretario asistente del Tesoro durante el gobierno de Ronald Reagan, escribía hace unas semanas que “el siglo XXI no ha traído a los norteamericanos (con la excepción de los CEO’s, administradores de Hedge Funds y banqueros de inversión) ningún crecimiento en la renta real media de los hogares. Los norteamericanos han incrementado su consumo disminuyendo su tasa de ahorro al nivel de la gran depresión de 1933 cuando el desempleo fue masivo, consumiendo sus activos y elevando la cuenta de sus tarjetas de crédito. La capacidad de la población para continuar acumulando más deuda personal, como mínimo, está limitada.”


Lo que dice el economista salta a la vista: el consumo en Estados Unidos durante los últimos años viene directamente ligado a la deuda, un fenómeno que no es único y que en otros países, como el nuestro, estaría también alcanzando sus límites. En España, un informe de la Caixa de Catalunya publicado hace pocas semanas reveló que la deuda de los hogares pasó desde un 70 por ciento de la renta familiar en el 2000 a un 115 por ciento el 2006.

Volviendo a la encuesta Casen de Mideplán, es posible establecer una relación entre la proporción de trabajadores que reciben el ingreso mínimo o un salario menor a él y la cantidad de personas que vive en la pobreza. En el primer caso se trata del 15 por ciento de los trabajadores, en el segundo, del 13,7 por ciento de la población. Bien sabemos que en los hechos la cantidad de pobres supera con creces a ese guarismo, lo mismo que la cantidad de trabajadores con sueldos insuficientes para solventar una mínima calidad de vida.

Según la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el sueldo promedio imponible que las empresas suscritas a la institución pagan a sus trabajadores es de 400 mil pesos, una cifra que sin embargo ha de corregirse por diversos factores. Las empresas afiliadas a la ACHS son 36.500, con un total de un millón 781 mil trabajadores, cifra que corresponde a sólo el 26 por ciento de la fuerza laboral chilena, estimada en seis millones y medio de personas. Si consideramos que las empresas suscritas a esta institución respetan la ley laboral y las normas de previsión y salud de sus empleados, podemos afirmar que se trata del grupo más afortunado, en términos de remuneraciones y seguridad social, de los trabajadores chilenos. Pero hay también otro factor no menos relevante. Estos datos no muestran la estructura salarial al interior de las empresas. Y si estimamos que la pobreza y la desigualdad social y económica en Chile está fuertemente marcada por los ingresos, es altamente probable que el grupo más alto de ejecutivos distorsionen hacia arriba este sueldo promedio de 400 mil pesos.

Otros estudios han establecido el ingreso promedio nacional en unos 300 mil pesos. Si consideramos que según otras estadísticas de Mideplán el veinte por ciento más rico de la población obtiene casi el 50 por ciento de la renta nacional, esta cifra promedio estaría también muy distorsionada por los ingresos de las familias más ricas. La realidad nacional, si descontamos a ese grupo de privilegiados, estaría arrojando unos resultados de extrema precariedad, lo que ha sido bien percibido por la Iglesia católica.


¿Y cómo hemos sobrevivido? La respuesta, tal como ha sucedido en otros países, bastante más ricos que el nuestro, claro está, es a través del crédito, de la deuda. Es así como los créditos de consumo, sólo los del sector bancario, han venido creciendo durante los últimos años a una tasa cercana al veinte por ciento, lo que ha de tener un referente muy similar en los que otorgan las casas comerciales. Como señala Paul Craig Roberts, es imposible que se mantengan indefinidamente estos niveles de deuda entre las familias.

En Chile, ya es imposible. Tras las últimas alzas en las tasas de interés decretadas por el Banco Central, el futuro se pone muy incierto ¡Que nos pille confesados!

Salarios y pobreza: lo mínimo y lo ínfimo

Las cifras de salarios que hace un tiempo reveló la encuesta Casen de Mideplán tienen una directa relación con las de pobreza publicadas por este mismo ministerio. Una relación nada nueva y menos sorprendente: la pobreza tiene en Chile como causa los insuficientes ingresos. Pese a establecerse esta conexión, la que resulta evidente, hay también una serie de áreas opacas, las que apuntarían a empeorar las cosas. Lo que dice el gobierno, lo que logra sondear y traducir en números y estadísticas, reflejan una realidad social y económica mucho más cruda y compleja. Si Mideplán publicó hace un par de meses que sólo el 13,7 por ciento de los chilenos vivían bajo la línea de la pobreza, cifra porcentual que correspondería a unos dos millones 200 mil personas, los que tienen por ingresos hasta un salario mínimo son un millón de trabajadores. Si tenemos en cuenta que la población activa es de aproximadamente de 6,5 millones de personas, aproximadamente un 15,3 por ciento de este grupo está en o bajo el salario mínimo. Hay, sin duda, una relación entre el grupo de bajos salarios y el grupo de pobres.

El asunto es quién cree que en Chile sólo el 13,7 por ciento es pobre si en Estados Unidos las estadísticas dicen que más o menos un doce por ciento de la población está en esa condición. Y lo mismo en la Unión Europea, con más o menos un porcentaje similar de los ciudadanos bajo la línea de pobreza. Obviamente, la explicación no resiste mucha argumentación: se trata de metodologías diferentes, las que aun cuando tiendan a justificar un poco las similitudes, que más parece una coincidencia numeral, una casualidad, no logran explicar el sentido de chilenizar las mediciones de pobreza. Por cierto hay menos pobres según esa estadística, pero ello no explica qué es ser pobre ni tampoco mide ni conoce las verdaderas carencias.

¡No es la primera piedra, es la primera gran grieta!

¡Hay noticias! ¡El gobierno no es neoliberal! Lo afirmó con todas sus letras el ministro de Hacienda, Andrés Velasco (AV), a la vez que desplegó una serie de argumentos para comprobar su afirmación: “Hablar de neoliberalismo en el Chile de hoy, y en el gobierno de la presidenta Bachelet me parece una caricatura ridícula”, aclaró la mañana siguiente a la movilización de la CUT del 29 de agosto. El hombre de Hacienda confesó también estar convencido de estar “llevando a la práctica el programa más social y con más beneficios que hemos visto en Chile en muchos años”. Sin duda, una noticia.

AV hizo estas y otras afirmaciones con la satisfacción que le daba la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de su proyecto estrella: la reforma al sistema previsional, el que, entre varios cambios, permitirá que aquellas personas mayores sin ahorros tengan una pensión de 75 mil pesos. El Sistema de Pensiones Solidarias, que es la cara no sólo más atractiva, sino la más valiosa del proyecto, es una red protectora, una especie de renta mínima universal, para las personas que han quedado fuera del sistema de pensiones, como son las dueñas de casa, muchos de los trabajadores independientes o las temporeras. Pero la reforma también ayudará a los que han cotizado de manera insuficiente. En estos casos, el Estado otorgará un subsidio proporcional a todos aquellos jubilados con pensiones menores a los 200 mil pesos. Eso es lo que hay por el momento. Ya se verá qué sale desde el Senado.

Sin duda, es un importante avance en políticas sociales, lo que tiene radiante de argumentos sociales al titular de Hacienda. Políticas que, sin embargo, no logran borrar su inspiración neoliberal y su fe a toda prueba en el mercado. Porque la reforma al sistema previsional se ha hecho dentro y para el mercado. El proyecto de reforma, que es una importante transformación en las políticas públicas orientadas a los márgenes, a los sectores más excluidos, es sin duda un subsidio a los más pobres, también valida el sistema de capitalización individual – extrema pureza de la ortodoxia neoliberal- al que ha dejado intacto. Al no tocarlo, al tomar el Estado la carga social del sistema, de los márgenes del mercado – de los cuales ha liberado a este negocio al sector privado- lo que también hace es consolidar y también subvencionar el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como sistema único de previsión y como puntal financiero de la economía chilena. Subsidia a los pobres, pero también a las AFPs. De cierta manera, es una reforma pensada para congraciar a grandes conglomerados.

El proyecto, que por un lado ayuda a los más pobres, a los más desplazados del mercado, apoya y consolida la participación del sector privado en la previsión, que lo cristaliza como el único país –aun cuando hay por ahí un par de pequeñas naciones más- con un sistema único, exclusivo, de previsión privada. El refuerzo al sistema en esta reforma es la incorporación de los bancos al negocio con el gran argumento de entregar más competencia al mercado. Como la experiencia bien lo ha demostrado, esto significa que un par de entidades copen todo el mercado en los próximos años. Pero recordemos que el gobierno no es neoliberal.

Esta extraña contradicción, que por un lado subvenciona a los sectores económicamente y socialmente más excluidos con 75 mil pesos, pero por otro afianza los grandes negocios del sector privado, quedó expresada en las palabras del diputado Pablo Lorenzini, uno de los pocos de la Concertación que votó en contra de la incorporación de los bancos al negocio provisional: “La Concertación está con los trabajadores en la mañana y por la tarde vota a favor de los bancos”. Por la mañana de aquel día había sido la movilización convocada por la CUT, pero también es posible entender los comentarios de Lorenzini en cuanto a la paradoja de las políticas oficiales, que buscan aplacar su mala conciencia con estas ayudas a los sectores más excluidos. Las palabras del diputado pueden también interpretarse en cuanto no se puede estar con los trabajadores y con la gran empresa. Por lo menos, no bajo este modelo, cuyos efectos económicos y sociales saltan a la vista.

Todo el poder para Velasco

Velasco, pese a sus recientes confesiones, ha venido a encarnar para gran parte del país la quintaesencia del neoliberalismo. De hecho, durante los 17 años que gobierna la Concertación ningún ministro de Hacienda había sido blanco de tantas y tan reiteradas críticas. Un fenómeno también lleno de confusiones y contradicciones que sube hasta la misma esencia del gobierno, porque mientras la presidenta Bachelet monta cónclaves para elevar el salario mínimo, reviste del mayor poder del Estado a AV. Durante los viajes que la presidenta está realizando este septiembre, deja al hombre de Hacienda como Vicepresidente de la República. Del mismo modo como los diputados, que apoyan a los trabajadores y a la vez a los bancos, La Moneda también padece esta enorme contradicción. Así es como el miércoles 29 de agosto, mientras las fuerzas policiales reprimieron a los trabajadores en el centro de Santiago, la presidenta reiteraba sus discursos sociales durante la cena anual de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Un gobierno a dos bandas. Un gobierno de doble estándar.

El gobierno, bajo esta misma lógica, difamó desde un primer momento las manifestaciones laborales: “Es una movilización un poco atípica porque no vi una razón clara para manifestarse y tampoco vi un apoyo masivo ciudadano (…) No más de cinco mil personas en todo Santiago, en diversas calles y diversos barrios y en distintas horas…”, dijo Belisario, el otro Velasco (BV). Una opinión que transparentaba una estrategia comunicacional. Las declaraciones de Felipe Harboe, el subalterno de BV, sólo reforzaron las de su jefe: “Creo que la irresponsabilidad de la Central Unitaria de Trabajadores Metropolitana fue muy alta ­ –dijo este funcionario- toda vez que convocan a una marcha sin ningún destino final, sin ningún acto central, sin dirigir ningunas palabras a los supuestos manifestantes. Si uno mira desde el punto de vista político, creo yo que esta manifestación fue convocada por una necesidad gremial de posicionarse como conductora de un proceso de movilización social, más que reivindicar legítimas aspiraciones sociales".

Harboe también aprovechó la oportunidad para declarar la otra parte de la estrategia de comunicaciones del gobierno. Tal como lo dijo horas más tarde AV, Harboe también leyó el papelito a la galería para dar la noticia sobre el carácter no neoliberal del gobierno. Así dijo: “El punto es el siguiente: éste no es un Gobierno que vaya a descubrir la desigualdad con una manifestación que convoca un grupo de dirigentes. La desigualdad es una de las piedras angulares de la Concertación, y prueba de ello es que hoy día, el gran sello de este Gobierno, que ha sido consecuencia de los avances que hemos tenido en los tres gobiernos anteriores, es el de la protección social”. Tenía que quedar muy claro.

El paraíso está aquí

Vivimos en el mejor de los mundos, podemos concluir de las afirmaciones de estos funcionarios. ¿Cuál es la gloria? ¿El consumo? ¿El endeudamiento? ¿Los subsidios para que la clase trabajadora no se hunda en la indigencia durante su vejez? ¿Que sólo el 13,7 por ciento de los chilenos es pobre, como afirmó Mideplán?. La gloria es que del crecimiento de la economía se ha venido apropiando el diez por ciento más rico de la población, que la desigualdad roza niveles impúdicos, que durante el primer trimestre sólo diez conglomerados empresariales se apropiaron de la mitad de las ganancias de las más de 600 que cotizan en la bolsa. La economía crece, y cómo crece para algunos. Pero nada se dice de los salarios, cuando el 30 por ciento de la población gana el salario mínimo de 144 mil pesos, que más de la mitad está bajo la cota de los 250 mil pesos, o que el sueldo promedio ronda los 350 mil. Todo ello, pese al silencio gubernamental y del establishment político y económico, se percibe en los barrios y sus calles.

Pese a estas evidentes y concertadas descalificaciones del Ministerio del Interior a la convocatoria de la CUT, y a la glorificación de sus políticas económicas, ha quedado claro el descontento ciudadano hacia las políticas económicas del gobierno. Más allá del dinamismo o la pasividad de la movilización, de la calidad y naturaleza de los actos, lo que logró la central sindical es, además de remecer y convulsionar la vida cotidiana de un día laboral cualquiera, colocar en la agenda sus reclamos, bastante más políticos que salariales: porque una de las demandas más voceadas, por primera vez con tal claridad, ha sido el fin del neoliberalismo.

La protesta de los trabajadores fue apoyada, en algunos casos de manera directa, en otros tangencialmente, por figuras de los partidos que forman la Concertación e, incluso, por personalidades del Partido Socialista, el mismo de la presidenta Bachelet, lo que posteriormente le costó las críticas de la oposición. Pero más allá de este tipo de efectos más bien superficiales, es necesario destacar la declaración del presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín. Aun cuando sus palabras tienen una evidente carga electoral inscrita en la “teoría del desalojo”, no está demás recordar algo bien sentido y padecido por los trabajadores. La movilización, para el senador de ultraderecha, estaba bien justificada porque “se trata de una molestia generalizada en el país”. Está el Transantiago, dijo, pero también están las alzas de la luz, el pan, el colapso de la salud, “la inequidad de los sueldos y el centralismo. Hay en fin mil causas…”

Larraín, pero también Arturo Martínez, el presidente de la CUT, como también el senador socialista Alejandro Navarro, coincidieron en sus mensajes al gobierno: que la presidenta sea capaz de oír a la gente. Navarro le dijo que esta movilización debiera ser “un cable a tierra” para el gobierno, Larraín que “es el malestar ciudadano que se está expresando hace rato”, en tanto Martínez, que fue un poco más lejos, dijo en rueda de prensa: “Ha comenzado la lucha; ellos (el gobierno) sabrán cuándo termina”.

Piñera se saca la máscara y saca también el garrote

La verdadera cara de la derecha la mostró esta vez el empresario Sebastián Piñera, el ex y también futuro candidato presidencial de RN. Piñera recuperó un discurso extremadamente duro hacia los trabajadores –tal vez por su misma condición de empresario- y les habló directamente en su calidad de probable próximo presidente de Chile: "Se los digo directamente: los vamos a perseguir hasta el fin del mundo, para que enfrenten la justicia y reciban el castigo que se merecen". Días más tarde, en una entrevista, reiteró su don represor: “Esto no es protesta, es casi terrorismo”. El mensaje hacia los trabajadores a partir del 2009 está más que claro.

Considerando todo el oportunismo electoral de la UDI ante el malestar social, lo cierto es que ha hecho un certero diagnóstico de lo que hoy sucede en el país, como también lo hizo días más tarde el senador de la Democracia Cristiana Adolfo Zaldívar. Junto con redoblar sus críticas a AV, dijo que "esta tecnocracia no entiende nada, y como no tiene control político, es la que nos está llevando a esta situación límite donde lamentablemente las consecuencias van a ser muy graves si es que no se corrigen a tiempo”. Porque basta una sencilla observación, una mínima relación con la realidad social, como lo ha hecho la Iglesia católica, (que también, a partir de un diagnóstico sondeado en su base social, lanzó sus propuestas) para percibir el profundo descontento ciudadano.

Larraín adelantó las alzas de precios en productos tan básicos como el pan, o en servicios como la electricidad. Según fuentes no oficiales, el kilo de pan subiría este mes hasta los mil pesos, en tanto el Ministerio de Energía ha admitido que de aquí hacia finales de año el precio de la electricidad subirá casi un veinte por ciento. Ambas alzas afectan con mayor fuerza a las familias más pobres.

¿Y qué hace el gobierno? Ante las inminentes alzas podemos observar otra brutal contradicción en sus políticas. Se enfurece con los panaderos, con los miles de pequeños panaderos porque, dice, acusa, especulan. Los precios del pan, que para los gobernantes son objeto de un complot, son, dicen, el efecto de un cartel, de un acuerdo entre los productores. La Moneda ha dicho que les aplicará la ley y todos los organismos fiscalizadores, como la Fiscalía Nacional Económica, si fuese el caso. Los miles de panaderos sí pueden concertarse y subir arbitrariamente los precios, pero no lo hacen las tres o cuatro cadenas de farmacias, la veintena de bancos con las tasas de interés o las dos o tres cadenas de supermercados… Furia contra los más débiles, apoyo incondicional con los poderosos.

Arturo Martínez anunció que tras la movilización del 29 habría un antes y un después, expresión que desató las burlas de los funcionarios de gobierno. Es posible prever que efectivamente tras la movilización, que ha sido silenciosa y reprimida, hay un discurso, un malestar, que ha comenzado a ser socializado. Como dijo el senador Zaldívar, el verdadero descontento se pudo ver en todos quienes protestaron en forma silenciosa, como la clase media "que está endeudada con tarjetas de crédito porque a través de lo que gana no puede cumplir con sus necesidades básicas".

Una doble perversión

Hace exactamente treinta años la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, patrocinada por la UNESCO, inició sus actividades para investigar el estado de las comunicaciones. La Comisión, presidida por Sean McBride, que dio origen años más tarde al Informe McBride, sondeó numerosos problemas relacionados con la comunicación, con el objetivo de detectar elementos y aspectos en los medios que pudieran contribuir a la resolución de los grandes problemas del mundo.

¿Cuáles eran estos problemas o carencias? No muy diferentes a los actuales. Y entre ellos, la insuficiencia, o negación en no pocos casos, de justicia, la falta de equidad, la escasa reciprocidad en el intercambio de la información, la enorme dependencia de la ciudadanía respecto a las corrientes dominantes de información, la difusión de mensajes unidireccionales, la falta de referentes en los medios de las diferentes identidades culturales. Todo ello, junto a problemas de contenido, en la presentación de los hechos y las imágenes, en las infraestructuras de los servicios de información y en los derechos y deberes de los periodistas. En fin, casi nada.

Todos estos problemas no fueron resueltos desde entonces, sino que con las transformaciones políticas, económicas y tecnológicas de los siguientes treinta años han tendido a extenderse y profundizarse. La concentración, tanto de la propiedad de los medios como de los contenidos, el control del sentido y de la dirección de los mensajes, entre otros aspectos, apuntó a engrosar estas tendencias. Si el informe McBride buscaba democratizar la información, permitir la inclusión de más sectores en los flujos, diversificar sus contenidos y los mismos medios, lo que se ha observado es una profunda involución en ese proceso. Hoy, más que entonces, las comunicaciones, como un área más de la globalización económica, han pasado a ser un negocio, un espacio para el desarrollo del mercado.

La información, considerada como un servicio más en la agenda del comercio global, circula cual mercancía, cuya venta y difusión puede traer importantes ganancias. Si en algún momento la información estuvo relacionada con la expresión de una realidad social y política, incluso como una herramienta a favor del cambio social y político, hoy la información ha sido reducida a un objeto que se transa en su específico mercado. Su precio depende de la demanda, porque su sentido final es su venta. Sin demanda, sin un público masivo, quienes son sus consumidores, no tiene valor.

El sometimiento o la conversión de la información en una mercancía han creado mercados y la afluencia de los grandes capitales a los medios de comunicación. Un proceso que no se diferencia de otros propios de la agenda mundial del comercio, la que ha colocado a numerosos otros servicios –muchos de ellos considerados derechos en algún momento- como áreas comerciales. Lo que hemos venido observando en los últimos treinta años en sectores como la electricidad, la energía, el agua, las finanzas, el retail, la educación o la salud sucede también en las comunicaciones.

Si ya otros servicios controlados por el gran capital corporativo han devenido también en mercancías, el lugar que ha ocupado la información en el comercio global dobla su valor mercantil. A diferencia de cualquier otro bien o servicio, que al convertirse en mercancía ha de cargarse de nuevos sentidos –no es lo mismo un zapato que una zapatilla de marca apuntalada por toda la maquinaria publicitaria productora de sentidos- la información es especialmente sensible a este proceso. La información contiene ya de por sí sentido, es en sí misma sentido, por tanto su sometimiento al mercado, al valor de los mercados, a la misma transacción de la que es objeto, la altera hasta su completa mutación.

Mercancía y también producto. O a la inversa, un producto para ser vendido en los mercados, que en el caso de la información, necesariamente considera su alteración, modelación a la demanda de los consumidores. Un producto que tiene una fuerte capacidad de decisión en las vidas de las personas. Quien produce y vende información, transa también ideas e influye en las conductas. Marx observó este fenómeno sobre los bienes: la mercancía como objeto físico-metafísico viene a sustituir y en cierto modo a amplificar la fuerza y coacción que ejercían los objetos religiosos. “La forma de la madera, por ejemplo, cambia al convertirla en una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo un objeto físico vulgar y corriente. Pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, la mesa se convierte en objeto físico-metafísico” (1).

Es posible afirmar que la información es un producto, una mercancía clave. Su modelación, que es también su manipulación y distorsión, generará en su consumidor, por su capacidad de modelar conductas y pautas conductuales (recordemos a Wells) (1), también una evidente alteración. El proceso productivo no se reduce a la elaboración, la manufactura: también escoge, elige, acota. El proceso de la industria de los medios incluye también la oportunidad o dosificación de su suministro. Una información puede ocultarse, silenciarse, o abultarse. Puede, por cierto, también crearse o recrearse. La realidad puede existir o puede desaparecer en los medios.

Es así como el artista visual chileno Alfredo Jaar hizo un trabajo sobre el genocidio en Ruanda ocurrido en 1994. ¿Qué pasaba en los medios mientras en el corazón de Africa morían asesinados a machetazos millares de hombres, mujeres y niños? Jaar, en la obra Untitled (Newsweek), trabajó sobre 16 portadas del semanario estadounidense desde el inicio de la masacre (3). Transcurrieron 16 semanas de oscuridad y silencio mediático, que son largos cuatro meses, para que este influyente medio de comunicación global atendiera al genocidio. ¿Una simple opción editorial tomada por las condiciones de mercado? Pero también es posible preguntarse si una alerta más temprana hubiera salvado vidas. Más aún, cabe también hacerse un básico cuestionamiento ético: ¿El rol de los medios es sólo ganar dinero o existe, como en algún momento lo fue, una responsabilidad social?

El libre mercado es dinámico y avanza, según lo demuestra la experiencia y la literatura especializada, hacia una sola dirección: conduce a la concentración de mercado en unos pocos y poderosos actores. Es lo que en Chile ha ocurrido en todos y cada uno de los sectores entregados a las fuerzas globales de la oferta y la demanda, desde las farmacias, las antiguas boutiques de moda, los almacenes de barrio y los medios de comunicación. Porque concentración existe en la prensa escrita, en la TV y hoy en las radios. Un proceso comercial que al haber convertido a la información en una mercancía más, no hace de los medios una excepción. La maximización de las ganancias es, tal como en los supermercados, en las telecomunicaciones o en la banca también el fin último de la industria de los medios.

Así es como tenemos en Chile un proceso ya consolidado de concentración del mercado, el que, en la prensa escrita, ha llevado a la conformación del famoso duopolio El Mercurio-Copesa. Entre ambos concentran más del 90 por ciento de la venta nacional de periódicos. Algo similar ocurre hoy en día con las radioemisoras, en tanto en la televisión, aun cuando tiene la presencia de la televisión pública, es también el mercado el que modela y regula la programación.

Hay otro aspecto tan o más grave que la concentración económica de los medios: la concentración ideológica y política, la que viola la libertad de expresión de todos los sectores ajenos a los propietarios. Si la concentración económica, que apunta al oligopolio y monopolio, viola los derechos de los consumidores y la libertad de mercado para todos aquellos que no constituyen el poder dominante y oligopólico, la concentración ideológica, que es el dominio del sentido, de las ideas, del pensamiento, produce una doble concentración. Genera lo que Ignacio Ramonet ha denominado el “pensamiento único”, un fenómeno del capitalismo global extremo que conduce a efectos similares a lo que es la censura y coerción a la libre expresión en regímenes autoritarios. Esta estructura es el lugar de una doble perversión, como le ha llamado Martín-Barbero. Y lo que sucede en Chile con la prensa escrita es evidente y conocido: El Mercurio y Copesa, ambos grupos afines a la derecha o extrema derecha. Pero el proceso es igualmente evidente en la televisión, también bajo la égida de la derecha y en una radio cada vez más interesada en la rentabilidad del negocio, en su masificación y en sus vínculos con los avisadores.

Es posible afirmar que esta estructura de los medios de comunicación chilenos afecta y distorsiona profundamente la generación de contenidos. Al considerar que es la prensa escrita el medio político por excelencia y en el cual está presente la expresión de todos los sectores de la sociedad (valga esto más como teoría que como práctica), es también posible afirmar que, con algunas escasas excepciones, como ciertas radios que aún mantienen sus departamentos de prensa, la producción de información política, social y económica está generada desde la prensa escrita. Lo que sucede más tarde es el proceso de circulación de la información ya estudiado por varios especialistas (4). La TV y la mayoría de las radios sólo recogen la información elaborada por la prensa escrita y la replican o amplifican. La televisión porque desde hace tiempo dejó de producir información política reflexiva; la radio, porque también dejó de hacer periodismo.

Bajo este fenómeno, que contiene una doble perversión, la única salida está fuera del mercado. O de la mano de políticas públicas que tuerzan el proceso de doble concentración, o mediante la incorporación de nuevos actores para quienes los medios, la libertad de expresión sea un agente de cambio social, medios que representen a la sociedad civil. Que la información vuelva a ser un ingrediente de la expresión social.

No todo parece perdido. Por una parte hay nuevamente un germen que ha estimulado la expresión social. También en esta corriente la reaparición del diario Clarín, en el evento que la Fundación Presidente Allende gane próximamente el juicio contra el Estado chileno en el Ciadi y recupere los activos expropiados en 1973, podría contribuir a alterar la perversión y la circulación del pensamiento único.


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1.- El caso más conocido y citado es la experiencia radiofónica de Orson Wells en 1938. Más información en el artículo de 1942 La invasión desde Marte, de Hadley Cantley. Una versión en español está en Sociología de la Comunicación de Masas, M. de Moragas, editor. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 1985.

2.- Hinkelammert, Franz, Las armas ideológicas de la muerte, Ed Sígueme, Salamanca. 1977. Pág. 21

3.- http://www.alfredojaar.net/projects/digitalarchive/2004/pages/rwanda/news.html


4.- Trabajos como los de la especialista alemana Elizabeth Noelle-Neuman y su teoría de la espiral del silencio están dedicados al estudio de la circulación de los mensajes y al proceso de creación de opinión pública.

La Matrix Neoliberal: Evidencia a toda prueba

El libre mercado desarrollado en Chile desde hace ya más de veinte años, no sorprende. Se ha convertido en un modelo en extremo previsible, en una matriz –matrix- que reproduce el mismo fenómeno donde se gesta y se recrea. Lo que sucede en los servicios, en la educación, en la salud, en la previsión privada, sucede también en el retail, la banca, los medios de comunicación. Si en éstas y cada una de estas áreas de la producción y los servicios el proceso ha sido el mismo, también lo será en cada nueva área afectada por el mercado. Lo que ha sucedido en las farmacias, podemos decir que también ocurrirá hasta en el fútbol con la recientemente promulgada ley de las sociedades anónimas deportivas. No es difícil prever que de aquí a unos pocos años el proceso de concentración de mercado y de las utilidades cree un par de entidades enormes y millonarias en un campo de minúsculos y empobrecidos clubes. Lo que hay ahora, elevado varias veces.