La armada española saca sus morteros

No fue sólo una salida de protocolo. Fue claro desprecio, poner las cosas en el lugar donde siempre han estado, retornar a la “racionalidad”, al orden establecido. El nada protocolar tapabocas real que Juan Carlos I le espetó al presidente de Venezuela, exhibido y repetido hasta la saturación cual espectáculo mediático por las emisoras expresó la esencia de las actuales relaciones entre España y Sudamérica. El exabrupto monárquico, el “por qué no te callas”, reveló dónde estaban los límites para la relación “iberoamericana”, el sentido de las cumbres iberoamericanas -creadas a partir de 1991, en el marco de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, durante los gobiernos del socialista español Felipe González- los bordes y las condiciones de la relación entre la metrópoli y las ex colonias durante el proceso de globalización.

Tal vez el segundo acto, con la salida de escena del monarca, aclaró la rabia inicial. Juan Carlos I se levantó con desprecio de su butaca al escuchar a un par de metros las críticas que el presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, hacía a la empresa hispana Unión Fenosa, proveedora de la electricidad en el pequeño país centroamericano. Pese a la levedad del acto, esta vez quedó de manifiesto el motivo de la ira real. Nadie puede salirse del guión, del terreno acotado; nadie puede criticar los intereses de España, representado por su majestad el rey.

Hablamos de intereses, que es aquí lo mismo que hablar de inversiones. Porque el rey y el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, lo que han defendido en la Cumbre ha sido a la empresa española, con una inversión bruta en la región entre 1993 y el 2007 de unos 129 mil millones de euros, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.

El clima se ha enrarecido, las aguas del Atlántico se han agitado, el mundo empresarial español ha recordado “la incertidumbre que supone invertir en algunos países latinoamericanos, los denominados populistas”, escribía tras el episodio el periódico empresarial hispano Expansión. El mismo medio reproducía un comunicado del Consejo Superior de Cámaras de Comercio en el que ratificaba el “permanente compromiso de las empresas con el desarrollo económico y social de todos los países iberoamericanos”, y agradeció al Rey y a Rodríguez Zapatero su “defensa del respeto, la honestidad y la dignidad de las empresas y empresarios españoles, ante los insultos (las cursivas son nuestras) recibidos por parte de algunos mandatarios”.

El asunto está más que claro, y si algo tiene que ver con el estilo desenvuelto de Hugo Chávez, no está allí la raíz del conflicto. Las críticas al desempeño de las corporaciones españolas, propietarias en muchos países de sectores clave, como las empresas de servicios públicos y de energía, fueron profundas y completas durante la Cumbre, como cuando el presidente de Bolivia, Evo Morales, en aquel talante sosegado y modulado tan propio del altiplano, propuso la estatización de todos los servicios públicos en América latina. “No pueden estar en manos del sector privado porque se trata de un derecho humano (…) todos tenemos que movilizarnos para recuperarlos”. Una propuesta tan radical, como la planteada en esa misma jornada por el nicaragüense Ortega, que invitó a los gobernantes de la región a dejar la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que participa Estados Unidos, y crear una organización latinoamericana.

La Década Dorada

A la década pasada le han llamado la Década Dorada para las inversiones españolas. Un proceso iniciado a comienzos de los años 90 que coincidió con las reformas económicas (neoliberales) a ambos lados del Atlántico. Un fuerte flujo de capitales hispanos hacia América latina que tiene, al menos, dos causas: la aplicación de las reformas que contenía el Consenso de Washington, entre otras las fiscales, la reducción del tamaño del Estado y sus consiguientes privatizaciones. Los países latinoamericanos, presionados por los organismos financieros internacionales, se deshicieron del control de sus servicios públicos y los entregaron, ya sea como concesión o venta completa, a inversionistas extranjeros, entre los que destacaron, en este proceso, los españoles. El otro motivo es el proceso liberalizador de la economía en Europa y España, miembro de la Unión Europea desde la década de los 80. La apertura de la economía española generó una mayor competencia al haber ingresado al mercado interior grandes grupos europeos, lo que impulsó a los consorcios hispanos a buscar nuevos mercados. La orientación hacia Latinoamérica habría sido motivada por las afinidades lingüísticas y culturales. De cierta manera era más fácil hacer negocios aquí que, por ejemplo, en Oriente Medio o Asia.

El flujo de capitales durante la década pasada llegó a niveles inéditos para España y Latinoamérica, tanto que superó a todos los otros inversionistas para quedar sólo bajo Estados Unidos, el país que históricamente había mantenido su hegemonía en el continente.

Tras el torrente de capitales, que obviamente ha decrecido durante los últimos años, ha venido la consolidación, que tras las iniciales privatizaciones ha devenido por los cambios de propiedad ligados a los procesos de fusiones adquisiciones y algunas nuevas inversiones. Hoy, si se observa el mapa de la región, los bancos hispanos BBVA y Santander tienen los mayores mercados bancarios de Latinoamérica (en Chile ambos tienen cerca de un 30 por ciento), Repson es dueña de la mayor petrolera de Argentina, Telefónica controla las principales compañías de Brasil, Venezuela, Perú y Chile (tiene el 80 por ciento del mercado de la telefonía fija y el 43 por ciento de la móvil); y Endesa es el mayor operador eléctrico de la región (con el 55 por ciento de la generación eléctrica en Chile). Como afirma no sin orgullo Expansión, “desde Río Grande, en México, hasta Tierra de Fuego, en Argentina, se encuentra una empresa con ADN español”.

España ha diseñado e instalado una estrategia económica basada en la expansión de sus empresas hacia América latina. Y no son pocas las corporaciones hispanas cuya mayor proporción de ingresos proviene de sus filiales en América latina. Uno de esos casos es Telefónica, que con 94 millones de clientes en casi todos los países de la región –sólo es superada por la “translatina” América Móvil (en Chile dueña de Claro) del magnate mexicano Carlos Slim- obtiene el 35 por ciento de sus ingresos de sus filiales americanas. Los negocios a este lado del Atlántico enviarán a Telefónica este año unos 19 mil millones de euros.

En el área financiera sucede lo mismo. El grupo Santander, con presencia en ocho países latinoamericanos (tiene el primer banco de Chile, el tercero de México y el tercero también en Brasil) obtiene el 32 por ciento de sus beneficios de los negocios instalados en la región. Con el BBVA se reproduce el mismo esquema. Es dueño del primer banco mexicano, además de contar con bancos y fondos de pensiones en prácticamente todos los países. Aproximadamente un 15 por ciento de sus utilidades provienen de Sudamérica, y otro 20 por ciento de sus inversiones en México.

La otra gran área de negocios está en la energía, con Endesa y Repsol. Endesa, con presencia en cinco países, obtiene el diez por ciento de sus beneficios en Latinoamérica, proporción que se invierte en el caso de Repsol: un 70 por ciento de sus negocios están concentrados en la región.

Por cierto que no termina aquí la larga lista de inversiones españolas de Latinoamérica. Ha habido una fuerte penetración de constructoras e inmobiliarias, en proyectos de turismo, hoteles, casinos, viviendas, condominios, edificios, autopistas, puertos y aeropuertos concesionados.

Por tanto, no es de extrañar que la delegación española en la Cumbre haya contado con numerosos empresarios, y tampoco la defensa que el jefe de Estado y de Gobierno hicieran a estos intereses. Lo que defiende el Estado español es un modelo económico, un orden establecido apoyado en el sector privado.

La defensa a ultranza de un solo modelo

Un conjunto de ONGs españolas (Ecologistas en Acción, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) emitió a las pocas horas del altercado un comunicado que revela la esencia del conflicto: “La política pública exterior del Gobierno español está más centrada en la defensa de los intereses económicos españoles que en la lucha contra las desigualdades en América Latina. Esta es la conclusión que tenemos que sacar de la intervención del presidente español después de la polémica desatada en Santiago de Chile a raíz de las críticas del ejecutivo venezolano contra la patronal española y de los presidentes de Argentina y Nicaragua por los impactos sociales de la privatización de los servicios públicos y otras empresas estatales a cuenta de empresas españolas”.

Ha sido un choque entre modelos de desarrollo, que el anfitrión, el gobierno chileno, rápidamente percibió. Durante las horas posteriores a la discusión en el Salón Plenario de la Cumbre, el canciller democratacristiano Alejandro Foxley desafió a Hugo Chávez a comparar los resultados en materia social entre el gobierno bolivariano y la Concertación, en tanto la misma presidente Bachelet también tomaba partido por España porque, dijo, con ellos tenemos una mayor alianza. Se refería, obviamente, al Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, vigente desde el 2003, pero también era un mensaje para las transnacionales hispanas presentes en Chile.

El modelo de desarrollo tan defendido por los gobiernos de la Concertación y los españoles –sin diferencia entre el PSOE y el PP-, con ya casi dos décadas de vigencia, puede ya exhibir sus resultados, como ha desafiado Foxley. Están bien claras las ventajas que han obtenido las empresas, pero Foxley ha querido discutir sobre beneficios sociales. Y allí hay muchas más carencias que beneficios, como lo expresan no sólo los centenares de movimientos sociales a lo largo y ancho del continente, sino organismos como la CEPAL, el Banco Mundial y hasta el Fondo Monetario Internacional. Desde la instalación de las reformas del consenso de Washington, desde la apertura de los mercados a las corporaciones, desde la entrega de la economía a estas compañías, América latina ha retrocedido en sus indicadores sociales, tal vez de manera inversamente proporcional a las ganancias de las grandes corporaciones. Nunca en la historia de la región ha habido más emigración hacia el denominado Primer Mundo, nunca, en su historia económica moderna, tanta desigualdad entre ricos y pobres. No deja de ser un emblema de esta extrema contradicción que el ya citado empresario mexicano Carlos Slim haya desbancado al estadounidense Bill Gates como el hombre más rico del mundo, según ha afirmado la revista Forbes.

La misma presidenta Bachelet recordó durante la Cumbre que en la región hay 205 millones de pobres, lo que es una tasa superior al 43 por ciento, y Rodríguez Zapatero que hay 77 millones sin acceso al agua potable. Solo un par de indicadores en un universo de carencias, que ha sido la causa del retroceso de las políticas neoliberales en la región, del creciente roce de intereses entre las ciudadanías y las empresas españolas, de una emergencia de los movimientos sociales y de la instalación de gobiernos de inspiración de Izquierda. Porque al atender a los discursos de Evo Morales, del ecuatoriano Rafael Correa, del nicaragüense Ortega, e incluso del argentino Néstor Kirchner, de todos ellos deriva una fuerte crítica que va más allá del comportamiento puntual de ciertas compañías, sino a la estructura misma de un modelo económico. Un nuevo discurso crítico, con nuevas propuestas en medio de una creciente reacción de las corporaciones y las oligarquías nacionales, que es simplemente la respuesta a los efectos que han dejado en Latinoamérica el desempeño de estas empresas.

La cooperación española: caridad y negocios

Rodríguez Zapatero llegó a la Cumbre con un cheque, dijo, por 1.500 millones de euros para proyectos de agua potable destinados a los sectores más pobres en la región. Una iniciativa acotada dentro de los planes de cooperación y ayuda, como lo fue hace un par de años la condonación de la deuda externa que Bolivia mantenía con España. Un aporte que busca reducir el impacto social de las empresas, pero que no ha logrado alterar la esencia del problema, que es la transferencia de la riqueza desde un continente pobre a un Estado del Primer Mundo.

La cooperación española y de la UE está inspirada en las políticas de la caridad y en los negocios. Los aportes tienen dos grandes características: están orientados a los países y sectores de extrema pobreza, los que desarrollan programas muy puntuales canalizados generalmente por los gobiernos centrales, y están también destinados a mejorar cierta infraestructura productiva o de gestión, en la que en no pocos casos participan empresas españolas.

El caso chileno es paradigmático, porque exhibe la evolución y cambios que ha tenido la cooperación europea durante las últimas décadas. Es posible observar un cambio tanto en los montos –que han disminuido- como en los destinatarios de la cooperación, que originalmente, durante la dictadura, se canalizó hacia distintas ONGs como forma de apoyar la vuelta a la democracia. Durante los primeros años de la década pasada estos recursos se destinaron al gobierno y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil al fortalecimiento de la incipiente democracia para cambiar sustancialmente a partir del 2000. A la cooperación tradicional, que es el apoyo a las áreas sociales, se le agregó la cooperación técnico-industrial, institucional y empresarial, con una creciente participación del sector privado.

Para el período comprendido entre el 2002 y el 2006 se destinaron 34,4 millones de euros, de los cuales el 60 por ciento se destinó a pymes, más medianas que pequeñas, y un 40 por ciento a proyectos sociales. Esa ha sido toda la cooperación, que para el período de cinco años da un promedio de 6,8 millones de euros anuales. Una gota de agua en un desierto de carencia.

Concentración de mercados: más agua para el mismo molino

La rebeldía de las cadenas de farmacias para vender el fármaco de anticoncepción de emergencia Postinor 2 (levonorgestrel) ha sido una última y ruidosa vuelta de tuerca en el proceso de concentración de la propiedad y de los mercados. La actuación concertada entre dos sectores económicos –en este caso la distribución farmacéutica y algunos medios de comunicación- han insertado nuevamente este polvoriento debate en el centro de la agenda con el objetivo de frenar las políticas sanitarias. Un propósito impulsado desde la sombra por grupos ultraconservadores con alta capacidad de influencia y presión, que, en esta ocasión, y pese a su aparente poder, se ha estrellado no sólo con uno de los ejes más sólidos de este gobierno en cuanto a políticas públicas, sino con una sociedad muy poco interesada en oír y seguir las causas de los grupos fundamentalistas. Una encuesta realizada por el diario La Tercera y publicada el domingo 4 de noviembre reveló que más del 50 por ciento de los padres y madres estarían dispuestos a proporcionar la Píldora del Día Después a una hija menor en caso de ser necesario.

La rápida concertación entre las farmacias, que habrían sido amenazadas con acciones legales y pecuniarias por estas ligas conservadoras, y el diario El Mercurio, caja de resonancia de estos grupos, ha sido posible por la evidente concentración de los mercados y la información. A las tres cadenas farmacéuticas –Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand- que controlan más del 90 por ciento de las ventas del sector, y a un periódico que domina aproximadamente el 50 por ciento de la venta y la lectura y casi el 80 por ciento de la publicidad en diarios, no les ha resultado difícil instalar la polémica y acusar al gobierno de cursar multas a quienes no venden -por libertad de conciencia, dicen- el anticonceptivo. Un problema que cruza no sin opacidad aspectos comerciales e ideológicos ha sido levantado como problemática nacional. Sólo con una extrema concentración del mercado y de la información ha sido posible colocar esta campaña en portada y en el debate público. El poder corporativo, tanto en el comercio como en los medios de comunicación, impugna y desprestigia una política pública. Una vieja estrategia, esta vez llevada a un nuevo extremo.


La concentración en un mercado, que apunta en no pocos casos a prácticas monopólicas o de oligopolio, tiene relación con el número de actores en el sector y con sus barreras de entrada. Aquellos mercados que impiden o hacen extremadamente difícil el ingreso de nuevos actores son muy poco competitivos, por lo que derivan en una alta concentración, la que es perjudicial para los consumidores. Hay un uso abusivo del poder de mercado que detentan estos pocos actores, lo que se traduce generalmente en precios altos o en el tipo de productos ofrecidos, que en el caso de los medios, se trata de una información oblicua. Una distorsión difícil de corregir, porque ¿quién puede hoy en día entrar a competir con El Mercurio o con las cadenas farmacéuticas?

Cuando menos empresas compiten en un mercado es más fácil una colusión entre ellas, tanto respecto a los precios, a las condiciones de venta, a las relaciones con sus proveedores o al tipo de producto. Se trata de un fenómeno bastante usual, que durante los últimos años y meses ha estado en la mira de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo independiente que ha declarado advertencias, sugerencias, emitido sanciones y ha impedido algunas operaciones que apuntan a aumentar la distorsión y concentración de mercados. La FNE y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que difícilmente pueden cambiar la actual y ya consolidada estructura oligopólica de la mayoría de los mercados, sí han frenado este año la compra del supermercado Unimarc por Cencosud (dueño de Jumbo y Santa Isabel) y han restringido la fusión, también en el rubro de los supermercados, entre Falabella (dueña de Tottus) y D&S (propietaria de Líder y Ekono). Se trata de un par de pequeños diques, los que, sin embargo, no alteran el torrente de las fusiones y adquisiciones corporativas.

La distorsión y discriminación que ha generado la excesiva concentración de los mercados es tan evidente que en el último congreso de la Democracia Cristiana fue ésta una de las materias de reflexión y debate. El cónclave acordó establecer mecanismos para fortalecer los organismos antimonopolios para evitar que la concentración continúe perjudicando a los consumidores, a las pymes y a los trabajadores.

Son profusos los sectores que operan bajo altos niveles de concentración, que no sólo perjudica a los consumidores y competidores pequeños, sino también a todos los actores más débiles de la industria, como las pymes, y a los trabajadores: las fusiones y adquisiciones conllevan una reducción de las plazas laborales tanto en la misma empresa fusionada como en la desaparición, mediante quiebras, de aquellos puestos de trabajo de los desplazados del mercado.

El proceso de concentración de la propiedad y los mercados – una de las causas de la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza- tiene efectos perjudiciales tan evidentes y hasta el momento tan cristalizados, que será difícil de revertir pese a los esfuerzos de los organismos que cautelan la competencia y el libre mercado. El daño está hecho. Aun así, durante los últimos meses estos organismos han emitido no sólo declaraciones y sanciones orientadas a las operaciones comerciales de múltiples sectores, sino que han elaborado informes y estudios. Más que cambiar el estado de las cosas, con estos trabajos ha quedado bien subrayado el perjuicio, a los consumidores, a los trabajadores, a los competidores y a la economía en general, que contiene el proceso de concentración de la propiedad y los mercados.

Farmacias y discriminación

La FNE recibió el mes pasado una solicitud para investigar el mercado de la distribución de medicamentos controlado por las cadenas Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand. La presentación ante la Fiscalía la hizo Raúl Alvarez, presidente la Asociación de Dueños de Farmacias Independientes, organismo que reúne a las 530 boticas pequeñas, de barrio y de pueblo que quedan en el país, de las cuales unas 300 están prácticamente quebradas. En declaraciones a Radio Cooperativa, Alvarez dijo que entre el 95 y el 97 por ciento del mercado está dividido en estas tres grandes manos, “con un poder de negociación tan formidable, que los laboratorios han perdido la propiedad de sus propias empresas”. Este poder dominante, explicó Alvarez, les coloca en una posición favorable en cuanto a descuentos ante los proveedores, categoría que no gozan las farmacias independientes, que han de competir en desigualdad de condiciones. La concentración genera una fuerte discriminación en este mercado.

Supermercados y alzas de precios

Como hemos citado, el TDLC impugnó hace unas semanas la compra de la cadena de supermercados Unimarc por el grupo Cencosud, cadena que ha sido adquirida por el grupo del empresario Alvaro Saieh. Cencosud, que actualmente tiene el 29 por ciento del mercado hubiese aumentado su participación a un 32 por ciento, acercándose a D&S, que controla un 34 por ciento. Estos dos grandes consorcios ostentan el 63 por ciento de las ventas del sector, lo que les otorga una posición de evidente dominio sobre el resto de los actores.

La otra operación que los organismos de la libre competencia están evaluando es la fusión entre D&S y Falabella, propietaria de los supermercados Tottus. Esta gran unión daría origen a un gigante de proporciones continentales, con ventas por 7.500 millones de dólares anuales, utilidades por más de 450 millones y una valoración de 16 mil millones. Un consorcio del retail que no sólo tendría efectos en el comercio, sino también en operaciones financieras, las que controla mediante las tarjetas CMR y Presto.

Para argumentar la oposición a esta operación la FNE presentó un informe que elaboró el economista Aldo González. En explicaciones a El Mostrador, González dijo: S”i usted observa la evolución de precios de alimentos verá que efectivamente estos se reducen en términos reales el 2004, pero luego el 2005 suben significativamente, fenómeno que se repite el 2007”. Hay, según el economista y la FNE, un impacto en los precios de los alimentos, lo que es perjudicial no sólo para los consumidores, sino para la economía en su conjunto.

El informe “Análisis Económico de la Industria de Supermercado”, presentado por la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), incluyó también un estudio de percepción de 55 proveedores de los supermercados que trabajan con las cadenas de D&S y Cencosud. “Una vez que las principales cadenas logran dominar los mercados locales y su crecimiento comienza a generar una mayor concentración a este nivel, el efecto sobre los precios es opuesto” señaló el estudio.

“Para el consumidor final, los presuntos beneficios de una mayor concentración en la industria supermercadista son, a lo menos, cuestionables. Las operaciones de concentración han sido seguidas primero de una desaceleración de la caída de los precios observada anteriormente y luego de alzas de precios” explica el análisis.


González apunta también a otro efecto nocivo de la concentración: “Es posible afirmar que los supermercados financian su capital de trabajo mediante un mecanismo de créditos sin intereses, otorgados forzosamente por sus proveedores con menor poder de negociación". Conocida es la imposición de condiciones de compra, las que toman cuerpo a través de pagos fragmentados a 30, 60 y 90 días sin intereses. Una situación que impulsa a los proveedores más pequeños a buscar financiamiento en la banca.

Tarjetas CMR y Presto


Junto con el retail, el mercado de las tarjetas de crédito ofrece también numerosas zonas oscuras, las que la fusión entre CMR y Presto podría opacar aún más. Enrique Vergara, el Fiscal Nacional Económico, ha señalado que “en esta materia nuestro análisis revela que es un mercado bastante poco transparente en donde el consumidor no sabe bien cuanto paga y que por la integración que se da entre retail y tarjeta de crédito es propicio para que se den prácticas excluyentes entre otros medios de pagos, por lo tanto, en nuestra opinión, en caso de que se enajenaran las dos cadenas de supermercados igualmente habría que tomar medidas de resguardo en relación al mercado de las tarjetas para evitar que se discrimine otro medio de pago y para fomentar la transparencia al consumidor para que sepa cuánto está pagando con ese crédito”.
Si se consideran las colocaciones brutas en créditos de consumo que mantienen las compañías, entre Banco Falabella, CMR y la tarjeta Presto, su participación de mercado en esta área del crédito pasa a bordear el 13 por ciento del total. En cuanto a intereses, los consumidores están pagando una tasa máxima anual de un 40,8 por ciento en el caso de Falabella y de un 48,9 con Presto, esta última, la más alta del mercado.

AFP: peor imposible

Una alta concentración tiene también el mercado de los fondos de pensiones. Sólo Provida (del BBVA) tiene el 41,7 por ciento de los afiliados, y las dos mayores AFPs, Provida y Habitat, controlan el 66 por ciento. La fusión entre las AFPs Santa María (de ING) y Bansander generará una institución con aproximadamente el 24 por ciento de los afiliados. Pese a ello, a un nuevo avance en la concentración de este sector, las autoridades de la libre competencia no han impugnado la operación aun cuando tampoco la han elogiado. La explicación entregada es que las condiciones del mercado son ya tan poco favorables en cuanto “elimina incentivos competitivos tanto para los actuales operadores como a los potenciales entrantes, que “difícilmente una mayor concentración empeorará estas condiciones”.

Isapres y colusión


Si es así con las AFPs, algo muy similar sucede con las isapres. Tres de ellas, Banmédica, Consalud e ING Salud controlan casi el 70 por ciento del mercado, lo que facilita prácticas de colusión. Es así como hace un par de meses terminó un largo proceso iniciado por la FNE que acusó a las isapres Banmédica, Vida Tres, Consalud, Colmena e ING salud de colusión para disminuir las coberturas de los planes desde un cien por ciento en prestaciones hospitalarias y 80 por ciento en coberturas ambulatorias a una combinación entre un 90 y un 70 por ciento. Pese a los aparentes antecedentes, el TDLC rechazó las acusaciones de la FNE y liberó de cargos a las instituciones.
Pese a estos pequeños obstáculos, el proceso avanza con fuerza. Nada más recordar que a partir del primer día del año entrante una nueva fusión comenzará a operar en el sector financiero. Con la nueva operación, el Banco de Chile pasará del 18 por ciento del mercado de las colocaciones a un 20 por ciento, sólo superado levemente por el Santander, que tiene un 21,8 por ciento y ostenta el primer lugar. Tras la fusión, estos dos bancos concentrarán el 41,8 por ciento del mercado, un sector de por sí altamente concentrado: los cuatro principales bancos tienen casi el 70 por ciento del mercado financiero chileno, el que está compuesto por más de 20 instituciones.

Farewell: Elegía a Peter Walder Gebauer (Viena, 28 de agosto de 1931-Santiago de Chile, 30 de octubre de 2007)

Hoy damos el último adiós a nuestro padre, que es la despedida a un hombre, y también una tardía despedida a un niño, un pequeño sobreviviente de los pliegues más oscuros de la historia del siglo XX.

Peter Franz Edmund Walder Gebauer nació en 1931, hace 76 años, en el corazón de Europa, durante el prólogo de lo que sería la más bestial aventura humana del siglo pasado. Fue tal vez un mal momento para llegar al mundo, incluso en la hermosa y profunda Viena en la que Peter habría crecido, si la historia no lo hubiera empujado, como a muchos otros millares, al desarraigo, a la soledad, al miedo. Gélidos vientos de guerra, de intolerancia, impulsaron a la familia Walder Gebauer a Praga, enseguida a Ostrava, y más tarde, a la diáspora, a la fragmentación.

Antes de que cumpliera los siete años, sus padres embarcaron solo a Peter en aquel programa humanitario británico llamado Kindertransport para salvar niños judíos. Pasó los años de la guerra en un internado al sur de Londres, seis años que fueron para él casi toda su infancia. Un océano de desamparo fue el único nexo con sus padres, refugiados entonces en un lugar tan exótico y remoto como el puerto de Valparaíso.

La suya fue una singular familia. Leo, un químico judío, y Edith, católica, se casaron a comienzos del siglo pasado en Viena bajo la religión luterana. Sus dos hijas mayores, Cristina y Lilly, viajaron con sus padres a Chile, mientras Peter adoptaba al otro lado del Atlántico no sólo la religión anglicana, sino la lengua y la cultura británica. Esa era su segunda infancia, y también su primer renacimiento.

A diferencia de tantos otros niños, Peter pudo reunirse con sus padres en 1945. En contraste con otros millones de víctimas, él fue un sobreviviente con una nueva vida, con una sobrevida que duraría setenta años.

Chile no fue sólo un nuevo país, fue su cuarto país, y el español su cuarta lengua, una herramienta extraña pero el único vínculo de relación con su madre. Aunque Edith hablaba con extrema dificultad castellano, Peter ya había mudado el alemán y el checo por el inglés perdiendo la familiaridad con la lengua materna. En realidad, no sólo la lengua materna se había retirado de su vida, sino gran parte de sus recuerdos, de su cultura. De cierta manera, su formación, su identidad, se cristalizaron durante sus años en Inglaterra. Cuando su madre abrazó a Peter en 1945 halló no al niño vienés, sino a un niño británico.

Nuevamente el desarraigo, otra vez la mutación de lengua, de cultura, los acomodos en la identidad. Peter, que fue austriaco, checo, inglés, ahora era chileno.

Aquí decidió hacer su vida, hundir sus raíces hacia la profundidad de varias capas geológicas. Mudó otra vez de costumbres, obtuvo la nacionalidad de este lugar en el sur del mundo, y se casó con una chilena. Veinte años más tarde, tras la muerte de Martha, su primera esposa, se casó nuevamente con otra chilena, con María Amalia, hoy su viuda. A la acogida que Chile le dio, Peter respondió con una valiosa entrega profesional. Creó industrias, aportó conocimientos, organizó equipos humanos en los que supo generar relaciones amables y respetuosas. Hizo amigos entrañables que hoy están aquí acompañándolo y otros que partieron antes que él; disfrutó de su ineludible juego de bridge cada semana, construyó con sus propias manos su primera casa rodante en que recorrió innumerables veces el paisaje de este país, fue pescador aficionado -con poco éxito y mucho entusiasmo-, a pesar de su evidente apariencia de gringo, intentó con honestidad entender a los chilenos y ser uno más de ellos. Vibró y también sufrió nuestra historia durante la dolorosa década de los setentas.

Peter tuvo aquí hijos, hijas, entrañables yernos y nueras, cuñados, sobrinos y numerosos nietos. Recreó su vida, su gran familia, una patria. Recreó un sentido de lo humano capaz de contrarrestar esos ecos de la guerra, que guardó, con generosa discreción, en lo más secreto de su memoria. Estuvo agradecido hasta el último de sus días de esta tierra, que por fin, tras su cruda infancia, le permitió vivir, soñar, y hoy descansar en paz. Pero aún así, al paso de los años, de las décadas, de los cambios de lengua y territorios, siempre afloró como un suave rumor, con el susurro de su amado Strauss, su Viena natal y su Inglaterra adoptiva.

Un niño especial, como él mismo se definió y le confesó a María Amalia durante aquellos largos días y noches que duró su despedida. Fue un hombre creado por sí mismo, que deja en nosotros una huella de entrega y sobriedad, de creatividad y afecto. En nosotros queda la extensión de su intensa historia, hecha de desarraigos, pero también de inolvidables renacimientos.

Peter hoy danza un vals; el danzará por siempre en nuestro recuerdo.


Texto leído por Paul Walder el 2 de noviembre de 2007 en la Iglesia Anglicana Saint Andrew de Santiago de Chile durante el funeral de su padre, Peter Walder.

Bachelet, ensordecida por el ruido mediático

Múltiples expertos, analistas y observadores escriben semana a semana sobre los misterios que rodean el gobierno de Michelle Bachelet. Porque no hay motivos que entreguen las evidencias suficientes para desentrañar la abrupta caída en la popularidad que ha sufrido desde que llegó a La Moneda hace un escaso año y medio. En marzo del 2006 los sondeos de opinión pública le otorgaban a la presidenta Bachelet un apoyo ciudadano superior al 60 por ciento. Hoy, las últimas mediciones le entregan menos de un 40. El gobierno, se dice, se lee diariamente, “va en caída libre”, “no tiene conducción”, “ni fuerza”, está dando “bandazos”, “carece de credibilidad”, “es frívolo” y “soberbio”. Un inventario de críticas, asaltos y también burlas, que no sólo surgen desde la oposición, que muy bien ha hecho su trabajo de oponer resistencia a las iniciativas e invites gubernamentales, sino también de analistas e incluso de reconocidos concertacionistas. A la pregunta de cómo está el gobierno de Michelle Bachelet, la respuesta unánime será mal. Y para eso están todas esas encuestas.

¿Y por qué está mal? Esta puede ser, pese a la contundente afirmación anterior, una pregunta compleja. La economía chilena crece a una tasa superior al cinco por ciento, el desempleo ha disminuido a niveles históricamente bajos, hay inversión y alto consumo, la vida cotidiana sigue su habitual curso y los políticos hacen lo que ha sido su trabajo durante los últimos 17 años. El Chile del 2007 no se diferencia en demasía al Chile de hace cinco o diez años.

Si el andamiaje político y económico chileno se ha mantenido más o menos intacto que hace unos lustros, tampoco ha estado sacudido por más y más profundos eventos. Más aún, el gobierno de Bachelet recibió un país con un modelo de desarrollo probado y es el primero que vive sin la presencia ni la sombra de Augusto Pinochet. Anteriores gobiernos de la Concertación tuvieron que enfrentar “ejercicios de enlace” y “boinazos” articulados por el fallecido ex dictador, otros sufrieron la crisis de la detención del viejo general en Londres y otros cargaron durante toda su administración persistentes acusaciones de corrupción. Pero ninguno de estos gobiernos recibió de manera tan extensa el rechazo de la ciudadanía.

Hay analistas que intentan explicar el trance por el furtivo machismo de la sociedad chilena, por el desafortunado lance del Transantiago, por una oposición que busca desalojar al gobierno incendiando con ello a todo el país. Pero ninguno de estos eventos son mayores o más dramáticos que otros diversos sufridos por anteriores gobiernos de la Concertación.

Otra andanada de explicaciones busca fuentes más profundas, y apunta a deficiencias en el arte de gobernar, en el diseño político, en la gestión y la administración, en el agotamiento del proyecto político. Un deterioro que en la superficie perfila rencillas internas, desorden en la agenda, discursos contradictorios, desmentidos, decisiones erráticas.

Lo que se inició con un murmullo, hoy tiene rasgos de estridencia, la que trasciende fronteras. La prensa internacional, aquella que durante más de una década elogió e instaló como paradigma de estabilidad económica y política a los gobiernos de la Concertación, hoy reproduce y amplifica el crujir de La Moneda. Columnas y artículos aparecidos en medios como The Economist, The New York Times, The Financial Times, El País, Liberation o Der Spiegel, tiene en común comunicarle al mundo el progresivo deterioro de su gobierno.

La Moneda, impertérrita. Soberbia, frivolidad, acusan no pocos columnistas nacionales. Sin un gesto de recibo, y tal como lo ha repetido desde su primer día Michelle Bachelet y sus ministros, continúan afirmando con el mismo entusiasmo que nunca un gobierno de la Concertación se había ocupado más de los más necesitados. Una declaración que tiene sin duda su respaldo: los dos presupuestos de la nación enviados por el gobierno han aumentado históricamente el gasto social y prácticamente no hay jornada en la que Bachelet no visite un barrio pobre, inaugure un consultorio, una comisaría, un parque. Pero ni las encuestas, ni el clima de opinión pública parecen construirse a partir de estas acciones y confesiones.

El gobierno también parece inmutable ante los sondeos de opinión. “El gobierno no se deja pautear por las encuestas” ha repetido desde el primer día, como si se trataran de los resultados de una lotería. Un desprecio que, sin embargo, se basa en el olvido: Michelle Bachelet fue levantada por esos mismos sondeos de opinión cuando fue ministra de Defensa durante el gobierno de Ricardo Lagos.

La caída en las encuestas, sea un problema comunicacional, de diseño político, de estrategia discursiva o de gestión, de incumplimiento de promesas, sea éste un efecto del agotamiento del programa político, de la persistencia de la oposición, de la distorsión de una perversa prensa o tenga otras y menos visibles causas, es, aparte de los números y las estadísticas, una realidad perceptiva. El rumor ciudadano dice que ella está en problemas, que no lo ha hecho bien.

Bachelet se ha quejado en forma más o menos privada de dos cosas. Durante una audiencia en la Universidad de Columbia en Nueva York en septiembre pasado, lamentó los prejuicios machistas que evalúan su gestión. Y en otras ocasiones, ha confesado el maltrato de la prensa chilena, la que, dicho sea de paso, está prácticamente en manos de intereses más afines con las ideas de la oposición de derecha.


Es posible afirmar que esta estructura de los medios de comunicación chilenos afecte y distorsione la generación de contenidos, así como también una mirada machista impida una justa apreciación de su gobierno. Sean o no sean éstas las causas, el problema está hoy ya radicado en los efectos, que se elevan y circulan como información, como comentario o como rumor.

Lo que hoy ya sucede, y es muy probable que sea tarde para evitarlo, es el proceso de circulación de la información ya estudiado por varios especialistas, como lo es la teoría de la Espiral del Silencio. Los diarios, la TV y la mayoría de las radios hoy ya sólo recogen esa crítica, ese malestar ciudadano, el que tal vez fue inoculado por esa misma prensa: Bachelet está mal porque la prensa y las encuestas así lo dicen. Una espiral que se alimenta a sí misma y que ha mareado a la presidenta.